Un acucioso lector se refería el pasado viernes, con profunda ironía, al tono lacónico de nuestra primera reacción editorial, donde, ante la inusitada paradoja de un concepto que reconoce los flagrantes vicios que se cometieron en el trámite del referendo pero que a la vez considera que ellos no constituyen razón suficiente para declararlo inexequible en tanto no contradicen la “voluntad del pueblo”, señalamos que estábamos frente al ejercicio pleno, y ya con cariz legal, del Estado de Opinión tan anunciado por los “ideólogos” del actual gobierno. Y es cierto. Más allá de si el concepto del procurador Ordóñez fue político o jurídico, de si quiso favorecer al Presidente o no, lo cierto es que el camino argumentativo para llegar a pedir que la Corte declare exequible la ley del referendo constituye un paso más en la imposición de la democracia directa, de lo que la revista The Economist llamó hace unos días —y no en referencia a Colombia— “la tiranía de la mayoría”, citando los temores de uno de los fundadores de la unión americana, James Madison.
El ensayo de la revista británica en diciembre analizaba lo que ha sucedido en territorios de los propios Estados Unidos, como en California, donde la “voluntad del pueblo”, a través de recolección de firmas —muy bien patrocinadas por grupos de interés— y consecuentes referendos, ha reformado lo inimaginable, desde el manejo del gasto hasta qué impuestos poner, pasando por los matrimonios homosexuales y hasta la vivienda de los pollos. Con lo cual, no solamente se ha debilitado la democracia representativa —el propio gobernador Schwarzenegger elude el trabajo con el Legislativo y acude a iniciativas de este corte— y se han limitado los derechos de las minorías —la Suprema Corte de California había legalizado el matrimonio homosexual, pero fue obligada a cambiar por el deseo de los votantes—, sino que el estado tiene el peor déficit presupuestal de todo Estados Unidos y su misma viabilidad está comprometida.
El caso colombiano, por lo pronto, se centra en la reelección. Resulta atractivo, sin duda, el argumento simple con que se defiende el referendo: “dejen que el pueblo decida”. Y suena, en efecto, a una defensa de la esencia democrática. ¿Qué puede haber más democrático que la voz del pueblo?, argumentan —como el Procurador— los teóricos del Estado de Opinión. Pero entregar las decisiones a la “voluntad del pueblo” no es compatible con el proceso democrático que conforma una república. Eludir la democracia representativa por la ineficacia o la corrupción o el control político que ejerce, puede lucir como una solución pero al final, como lo demuestra el caso de California, puede llevar a la inviabilidad de una sociedad democrática.
Esa reflexión, antes que la discusión sobre las creencias religiosas o afinidades políticas del señor Procurador, se nos antoja urgente para una sociedad que transita un momento trascendental de su vida republicana ante la inminencia de una segunda reelección presidencial por “voluntad del pueblo”. Lo que está en juego es mucho más que la continuidad de Álvaro Uribe, pero el debate parece seguir circunscrito solamente a su figura.