Los enfrentamientos entre los distintos grupos ilegales, bien por rutas, bien por mercancía, bien por control de territorio, pueden encender, como lo han hecho, un conflicto entre ambas naciones. El asesinato de 12 militares en La Guajira a manos de las Farc, y el posterior repliegue de los guerrilleros en el vecino país, evidenciaron, otra vez, nuestra clara debilidad limítrofe y, con ella, el riesgo de una escalada involuntaria del conflicto.
El ministro de Defensa venezolano, Henry Rangel Silva, confirmó el jueves la detención de 10 colombianos y dio a conocer el despliegue de 3.000 efectivos en la frontera. No dijo quiénes fueron los retenidos, ni aclaró en qué zonas se fortaleció la defensa, aunque, por fortuna, la ambigüedad de las declaraciones ha sido asumida con prudencia por parte de nuestro gobierno y el lamentable ataque no ha ocasionado estragos en las relaciones entre los dos países.
El esfuerzo diplomático de la administración Santos ha sido hasta hoy efectivo, pero descuidar los límites geográficos es asumir un riesgo, quizá, demasiado alto. La frontera es un negocio gigantesco, y si no lo controla el Estado, lo controlan los grupos criminales. Donde no hay una economía legal hay una ilegal con el agravante, en este caso, de que la coyuntura política venezolana limita el margen de maniobra que podrían tener acuerdos más sólidos y transparentes. Las elecciones presidenciales en el vecino país tendrán lugar este octubre, pero independientemente del resultado, Venezuela no ganará en un día la estabilidad política ni Colombia los acuerdos de cooperación que hasta ahora no ha concretado.
Entre tanto, poblaciones de lado y lado sufren la presencia de los Rastrojos, los Urabeños, los Paisas, las Águilas Negras, la Alta Guajira, las Farc, el Eln, y ahora también mafias internacionales, como los carteles dominicanos y los Zetas, los cuales no sólo se han asentado en el Valle, Nariño y Cauca, sino también, y como era de esperarse, en nuestra frontera.
Si bien se comprende la reticencia del Gobierno a intervenir con la fuerza requerida en los pueblos fronterizos para evitar roces en las regiones de Mérida, Apure y Bolívar con los militares venezolanos, lo cierto es que su estrategia puede revertirse en cualquier momento si estallara un conflicto, siempre probable, entre dos o más grupos ilegales. Esto, con el agravante de haber dejado, de manera deliberada, a nuestra propia población en medio del conflicto.
Mantener relativamente tranquilos los ánimos binacionales implica sostener a toda costa el difícil flujo comercial y político, pero también garantizar un mínimo de seguridad. Sin duda, 2.200 kilómetros son inmanejables, pero se pueden concentrar los esfuerzos y priorizar los recursos, además de tomarse en serio la necesidad de invertir en tecnología e infraestructura. Colombia tiene alrededor de 283 mil miembros de las FF.MM., lo que le significa el segundo ejército más grande en Latinoamérica después de Brasil, y también la segunda policía más numerosa.
Pero no todo es pie de fuerza. Cómo controlar los límites geográficos es algo que ya se conoce. No obstante, tal desarrollo no ha logrado todavía su implementación en Colombia. Mientras tanto, la frontera con Venezuela se sigue calentando y, con ello, el riesgo político que implica la inestabilidad de los pueblos compartidos. Para aliviar las tensiones nuestro gobierno puede preferir la distancia; el problema es que esa distancia la prefieren también, y con aún mayor gusto, el amplio portafolio de violentos.