El gobierno de Venezuela continúa en su campaña por ahogar la más viable salida democrática a la muy grave crisis que vive el país. El talante autoritario del régimen alcanzó una nueva cima tras la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de colocar todos los obstáculos posibles al avance de la oposición en el proceso de lograr un referendo revocatorio (RR) antes del 10 de enero del 2017. Le corresponde a la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que aglutina a los opositores, obrar con mucha inteligencia y cuidado. La palabra “unidad” pesa hoy más que nunca.
El chavismo sigue jugando de manera diestra. Cada uno de sus movimientos está destinado a torpedear la realización del RR. No en vano el secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó ayer que el CNE está “obstaculizando un derecho constitucional y actuando con un claro sesgo político (…) El referéndum revocatorio pertenece a la gente, y al CNE le corresponde asegurar las garantías para la libre expresión del pueblo, en lugar de cercenar y pretender anular sus derechos”. Nada de esto se está cumpliendo y, a pesar de que la máxima autoridad electoral de Venezuela pretende poner un ropaje de legalidad a sus actuaciones, estas van en contravía de decisiones que se habían adoptado con anterioridad por el mismo organismo. De ahí el malestar de la oposición y su sentimiento de impotencia.
El presidente Nicolás Maduro y el oficialismo tienen muy claro que, de dejar pasar el referendo, sus días en el poder están contados. De ahí su negativa a que la legítima aspiración de sus opositores se pueda concretar dentro de los plazos establecidos. El jueves último el CNE, dominado por el oficialismo con la sumisión de cuatro de sus cinco integrantes y el rechazo del único independiente, informó que la recolección del 20 % de las firmas necesarias para activar el mecanismo se hará en las condiciones más adversas posibles. Se llevará a cabo entre el 26 y el 28 de octubre se disminuye sustancialmente el número de máquinas captahuellas utilizadas para tal efecto en comparación con las puestas en servicio para otras actividades menos importantes y, en vez de hacerse por circunscripción nacional, se deberá llevar a cabo en cada estado del país.
Recoger unos cuatro millones de firmas en tres jornadas, dentro del horario laboral, con un número insuficiente de máquinas, con funcionarios que aplicarán la operación tortuga, como ya lo hicieron para recoger el 1 % inicial, es un despropósito. Por último, frente a la duda sobre la invalidez del resultado de todo el país si en uno solo de los estados no se recoge el 20 %, Socorro Hernández, rectora del CNE, manifestó que habrá referéndum aunque no se recoja el 20 % de las rúbricas del padrón electoral en un estado. Ojalá que así sea.
La MUD se encuentra contra la pared. Se esperaba un pronunciamiento el mismo día para fijar una posición clara al respecto. No pudo hacerlo y se espera que lo haga el próximo lunes. Lo anterior muestra que las fisuras que existen dentro de la alianza opositora no permitieron llegar a un consenso y las mismas se han profundizado en estos días. Las posiciones entre los sectores radicales que prefieren las acciones de calle de inmediato como forma de presión, las que tienen el RR como un mantra, pero prefieren obrar con mayor prudencia sin abandonar la presión de la calle, así como algunos que quisieran buscar una salida alternativa mediante un estéril diálogo, están en ebullición.
De fragmentarse la Mesa de Unidad en este momento, le harían el mejor favor al gobierno. No sólo porque el oficialismo lograría su objetivo de impedir el revocatorio, sino que debilitaría a sus opositores en un momento especial de definiciones. Les corresponde a sus integrantes obrar con suficiente grandeza para dejar de lado intereses personales o electorales y pensar que el futuro de todo un país está en sus manos.
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