El domingo en Bolivia empezó con un llamado a nuevas elecciones y terminó con la renuncia del presidente, Evo Morales, y de su vicepresidente, Álvaro García Linera. De por medio estuvo la preocupante intervención de las Fuerzas Armadas de ese país, que le “sugirieron” al ahora expresidente dimitir para calmar los ánimos tensos. Morales, por su parte, ha denunciado un golpe de Estado y el abuso de poder por parte de policías y militares contra sus partidarios, lo que llevó a la renuncia de todos sus ministros. La realidad innegable, no obstante, es que la misión verificadora de la Organización de Estados Americanos (OEA) había concluido, palabras más, palabras menos, que en las elecciones del pasado 20 de octubre hubo fraude electoral. Con el final del mandato de un caudillo que venía adoptando características autoritarias, sólo queda esperar que ese país vea, cuanto antes, elecciones libres y transparentes.
Morales nunca debió presentarse a la tercera reelección luego de haber perdido un referendo en dicho sentido. Cuando se vio derrotado en las urnas y con una Constitución que le prohibía volver a salir en el tarjetón, hizo caso omiso y, apoyado en el Tribunal Constitucional, logró lanzarse bajo la excusa de que reelegirse indefinidamente es un “derecho humano”. Varios observadores nacionales e internacionales indican ese momento como un golpe de Estado, pero a Morales no pareció importarle.
Incluso después de eso, y viendo las protestas que surgieron por un presunto fraude electoral, Morales pudo haber convocado a una segunda vuelta. El país se habría evitado los actos de violencia que dejan ya tres muertos y un buen número de heridos. Pero no, prefirió mantenerse de manera arrogante en el poder y tildar a la oposición de estar orquestando una desestabilización en su contra. Tarde viró su discurso y convocó nuevas elecciones, cuando un informe de la OEA demostró que era insostenible la defensa a las elecciones del 20 de octubre.
Un elemento esencial en todo esto ha sido el papel de la OEA: la decisión de Almagro de aceptar la invitación de Evo para el envío de una misión de auditoría. El informe preliminar de la OEA es muy claro. “La primera ronda de las elecciones (…) debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente, efectuándose la primera ronda tan pronto existan nuevas condiciones que den nuevas garantías para su celebración, entre ellas una nueva composición del órgano electoral”, dijo el secretario general de la OEA. Esto se debió a que “en los cuatro elementos revisados (tecnología, cadena de custodia, integridad de las actas y proyecciones estadísticas) se encontraron irregularidades, que varían desde muy graves hasta indicativas”.
Ahora, estas elecciones deberán realizarse sin la presencia de Evo, pero su corriente política debe tener todas las garantías de participación y representación. Más allá del fraude, es cierto que un número considerable de bolivianos votaron por Morales y se han mostrado conformes con el desarrollo económico de ese país en los últimos 14 años.
Por eso, todos los ojos internacionales están sobre cómo va a ocurrir la transición. Las Fuerzas Armadas, después de haber intervenido, tienen que dar un paso al costado y permitir que se convoque, cuanto antes, a elecciones. La realización de estas debe contar con la vigilancia de la OEA y toda la comunidad internacional. En medio de la polarización y la violencia, lo único que puede sacar a Bolivia de esta crisis es un triunfo de su democracia. Esperamos que así sea.
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