Y así, a pesar de muchas denuncias, no sólo esa en particular, invisible, Buenaventura siguió a la deriva como siempre y por fuera del foco de la escena nacional. La guerra por las rutas de la droga y el control del microtráfico que libran los Urabeños y la Empresa (una disidencia de los Rastrojos) ha generado esta violencia sanguinaria en contra de la población. Una violencia que, por demás, ha sido negada en varias ocasiones. Ya no más. Llegó la hora de organizar este territorio con una lista de prioridades por atender. No es justo que un lugar como Buenaventura esté hundido en medio de violencias ajenas a la población y que llegan allá como un cáncer y se la comen viva.
Ahí están las cifras, que no mienten: 2.516 personas que vivían en los barrios Viento Libre, Alfonso López, La Calle Ramiro y El Puente de los Nayeros fueron desplazadas; durante los últimos 15 días se ha encontrado, a la orilla del mar, una decena de partes de cuerpos sin identificar; algunas investigaciones de las autoridades han alertado por el posible renacimiento de las “casas de pique”, esos deplorables lugares donde las organizaciones criminales descuartizan gente; los homicidios se han incrementado: en lo corrido del año van 58. Y así. Cifras y cifras que se traducen en una cruda realidad, hoy innegable.
Es obvio que las autoridades deben asumir un rol más protagónico en este negro panorama de Buenaventura, uno de los puertos más importantes para el desembarco de productos importados a Colombia y el embarque de nuestros productos hacia los mercados internacionales. No puede ser que en plena Alianza del Pacífico ese lugar esté bañado por un río de sangre, con desaparecidos y torturados y casas en donde desmembran seres humanos.
Mucho menos cuando a lo largo de los años se han hecho las denuncias pertinentes para poder dar con una solución: esta ya no es sólo una realidad local, es una problemática nacional que tiene que ver con lo hondo de nuestro propio conflicto. Las largas dadas tienen hoy su costo; por ende, las soluciones deben ser inmediatas.
El gobernador del Valle, Ubéimar Delgado, ha propuesto la militarización del puerto. Pero esa tampoco es la vía. No podemos fiarnos, como lo hemos repetido en diversas ocasiones desde este espacio, en que la única presencia posible del Estado para territorios históricamente abandonados y que, por ello mismo, hacen que la delincuencia abunde, sea la fuerza. Hace falta mucho más que la presencia más obvia y plana del Estado.
“El Ejército no va a solucionar el problema de derechos humanos”, dijo el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, frente a la propuesta del gobernador. Y tiene razón. Al menos, no es la única respuesta que debe darse. Allá no sólo tiene que llegar la fuerza sino también la labor de la justicia y, sobre todo, la irrigación de otras muchas realidades allí olvidadas: la salud, la educación, la vida digna.
En fin. Es hora de tomar al toro por los cuernos. Si no hacemos algo, estaremos informando, año tras año, la misma noticia. Nuestra puerta al Pacífico no puede seguir sola e invisible.