Ayer se cumplieron 100 días de resistencia pacífica a un régimen que ejerce el poder de manera dictatorial en Venezuela. La presión en las calles, que tiene al Gobierno en jaque, llevó a que el sábado pasado Nicolás Maduro, a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), diera libertad condicional a su preso político más reconocido: Leopoldo López. Con más de 90 muertos, cientos de detenidos y miles de heridos, el oficialismo da muestras de su creciente debilidad. Debió claudicar frente a la protesta popular y la presión internacional.
La jugada le salió al revés a Maduro. Tanto a nivel interno como en el plano internacional, la decisión no se percibió como un acto generoso del Gobierno en aras de buscar fórmulas de acercamiento y diálogo con la Mesa de Unidad Democrática (MUD). Por el contrario, la percepción es la de la urgencia de quitarle presión a la calle. Cada día aumenta el número de personas dispuestas a jugarse el todo por el todo frente a un régimen que desconoce el Estado de derecho, cuyo concepto de democracia es acomodaticio a su interés para perpetuarse en el poder.
De allí que López renovara su inquebrantable voluntad, tras cerca de tres años y medio tras las rejas, al decir: “No estoy dispuesto a claudicar en mi lucha por la libertad de Venezuela y si ello implica que deba volver a una celda en Ramo Verde, estoy dispuesto a hacerlo. Mañana se cumplen 100 días de lucha en la calle y es allí donde nos encontraremos junto al pueblo”. Nada que agregar.
El panorama actual no puede ser peor para Nicolás Maduro. Una mayoría opositora que no se ha doblegado, sino que se fortalece frente a la sangrienta represión. En especial, luego del horror del 5 de julio, cuando bandas de criminales, o Colectivos, invadieron los predios de la Asamblea Nacional y atacaron a los inermes diputados. De la división dentro del propio chavismo, encabezada por la fiscal Luisa Ortega Díaz, y algunos diputados desmarcados frente a la constituyente impulsada por el régimen. De la presión internacional, encabezada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y un grupo de países que exigen, como la MUD, la liberación incondicional de todos los presos políticos, la fijación inmediata de un cronograma electoral, la restitución de sus plenos poderes a la Asamblea Nacional y la cancelación de la constituyente. Son peticiones de mínimo sentido común que el oficialismo se empeña tozudamente en rechazar.
Así las cosas, la situación en el país vecino continúa inmersa en una espiral de violencia propiciada desde el Gobierno, que no parece amainar. Si el presidente se decidiera de una vez por todas, al menos, a liberar a todos los presos políticos, estaría dando una prueba, la primera en muchos años, de buena fe frente a la oposición. La única manera de retomar un diálogo productivo entre las partes, que es el ideal al que se aspira, es mediante la adopción inmediata de medidas que puedan fortalecer la confianza. Los requisitos esbozados por la MUD ya fueron objeto de análisis y discusión el año anterior, tras los intentos fallidos de diálogo. Incluso el último, en el que participó a finales de año el Vaticano. En este, sus representantes vieron de primera mano cómo todo el tinglado que se montó era una charada del oficialismo, con el apoyo de los expresidentes Rodríguez Zapatero, Samper, Fernández y Torrijos, para impedir la realización de un referendo revocatorio.
Como lo expresara la MUD, tras la liberación condicional de Leopoldo López, este es un “triunfo parcial” del pueblo venezolano. El paso inmediato será el domingo 16 de julio, mediante el “histórico proceso nacional de decisión soberana” que busca detener, legalmente, la realización de la constituyente del oficialismo. Todo lo anterior tiene que conducir a “la búsqueda urgente y pacífica de un camino para la construcción de una solución política a la tragedia que todos vivimos”. Es el camino a seguir.
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