Garzón cobró fama mundial cuando promovió una orden de arresto contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, y reapareció en el panorama internacional por sus investigaciones contra el franquismo. El manejo de estos y otros casos relevantes lo haría, en principio, una muy buena opción para acompañar la serie de demandas que tiene pendientes el país en los tribunales internacionales y para lo cual, sin duda, deberá prepararse. Además de experiencia en este campo, Garzón es hoy asesor de Luis Moreno Ocampo, fiscal de la Corte Penal Internacional y amplio conocedor de la justicia transicional. Para seguir sumando a su conocimiento técnico y competencia profesional en provecho del país, Garzón sigue hace tiempo el caso colombiano y ha estado, junto con Moreno Ocampo, asistiendo a la exhumación de cadáveres en fosas comunes y visitando comunidades indígenas golpeadas por el conflicto, especialmente a los Nasa en el Cauca.
Sin embargo, Garzón no sólo tiene encima enemigos de la derecha que no le perdonan haber acorralado a Pinochet y reabrir el capítulo de derechos humanos por el lado de Franco. Al jurista español lo persigue algo mucho más complicado: la ley de su país. Justa o injustamente Garzón se encuentra investigado por presunto prevaricato en la decisión de declararse competente para investigar los crímenes de la represión franquista desde su juzgado de la Audiencia Nacional. En España hubo un pacto político para dejar atrás la era de la dictadura y por controversial que sea esta decisión, desconocerla unilateralmente supone una falta, de la misma manera que supone una falta saltarse los procedimientos legales y chuzar las conversaciones en la cárcel de miembros del Partido Popular de España para investigar alegados casos de corrupción, por lo que también se le acusa. Las normativas pueden ser difíciles, oscuras e incluso equivocadas, pero son los fundamentos de las instituciones democráticas y no pueden ser caprichosamente evadidas.
Traer asesores al país, contrario a lo que han sugerido varias voces, no es una pérdida de autonomía, y mucho menos una muestra de “subdesarrollo mental”, como lo apuntó el ex magistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria. ¿Qué mejor que invitar expertos que han tenido que enfrentar problemas similares en otros países para aconsejar —no decidir— en la solución de los nuestros? Reunir diferentes perspectivas y recomendaciones técnicas no puede ser sino provechoso y es una muestra no de subdesarrollo, sino de lo contrario. El problema está, por ello, no en pedir asesoría, sino en pedirla a Garzón, pues si bien es cierto que no ha sido encontrado culpable, los procesos siguen abiertos y, a diferencia de lo que sugirió la canciller María Ángela Holguín, su presente judicial no es sólo problema de España.
Sería recomendable y tal vez más responsable traer personas menos comprometidas que hayan estado en procesos de justicia transicional, por ejemplo en Ruanda o Yugoslavia, o que sean expertos en crímenes de lesa humanidad, de los que hay cientos, para asesorar al país. ¿Qué tiene acaso de única e irreemplazable la experiencia del juez Garzón para asumir el costo político de sus líos legales? Esto sin mencionar la inconveniencia de que precisamente nuestro asesor sea una de las figuras más mediáticas y vedettes del actual panorama internacional, y uno de los jueces más politizados de toda España. Garzón podrá ser inocente de todo lo que se le acusa, y sin duda es un personaje trascendental en la lucha contra la impunidad, pero nuestros procesos son complejos y necesitamos más soluciones que ruido.