Lo que está corroborando la MAPP-OEA en nuestro país tiene antecedentes en otros conflictos internos. Sin ir muy lejos, en Nicaragua, cuando a comienzos de los noventa se llevó a cabo el proceso de pacificación, con la desmovilización de aproximadamente 23.000 contras, allí se presentaron situaciones similares a las que hoy se viven en Colombia. Algunos miembros de la Contra derraparon hacia la delincuencia común, con el nombre de re-Contras. Algo similar hicieron algunos desmovilizados del Ejército Popular Sandinista, que pasaron a llamarse re-Compas. Con el tiempo, los enemigos declarados del pasado decidieron unir esfuerzos y actuar abiertamente como grupos delincuenciales hasta que fueron doblegados por las autoridades.
Sobre Colombia, el Secretario de la OEA señaló que las autodefensas “han desaparecido como una realidad política en el país”, en la medida en que no abanderan la lucha contra los grupos guerrilleros como su principal forma de acción. Una visión bastante discutible, pues poder político todavía mantienen y el acoso violento a diversas formas de organización colectiva o sus relaciones con las élites políticas regionales demuestran su vigencia en este escenario. Con todo, dice el informe, estos grupos delincuenciales emergentes sí continúan beneficiándose del narcotráfico, al igual que lo hicieron sus antecesores y lo sigue haciendo la guerrilla. Este tema, denunciado en reiteradas ocasiones, amerita un pronunciamiento y una acción más firme por parte de las autoridades. Sus consecuencias ya se han hecho sentir en diversos lugares del país, y no sólo por actividades de delincuencia común y narcotráfico, sino también, como lo señala el documento, por amenazas y asesinatos de denunciantes o de personas desplazadas que han reclamado legítimamente sus tierras y no cuentan con protección del Estado.
De otro lado, Insulza también expresó su preocupación por el “lento y desarticulado avance” de la frustrada ley de víctimas. No hay que olvidar que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado serias críticas en esta materia, así como a la falta de acción para garantizar la restitución de tierras. Para quienes fueron objeto de vejaciones, despojos o asesinatos la reparación suele demorarse demasiado.
El informe concluye que “la participación de más de 280.000 víctimas es una prueba de la legitimidad histórica de este proceso que requiere ser entendido por su carácter inédito y su magnitud”. No hay duda al respecto. Lo grave es cuando el énfasis termina colocándose más en la espectacularidad de la desmovilización y el número de personas que participan en ésta, y menos en los demás elementos, vinculados a las sentencias penales, la protección efectiva por la integridad de los reclamantes o denunciantes, la devolución de las tierras arrebatadas por la violencia paramilitar, así como una mínima compensación monetaria, que se van diluyendo con el tiempo. La excusa de falta de presupuesto termina por volverse un lugar común, y los damnificados quedan con un palmo de narices.
De momento hay que valorar que la MAPP continúe desarrollando su labor, como lo anunció el embajador Luis Alfonso Hoyos, por un año más. Frente a los otros temas, el Gobierno actual y el que viene tienen la palabra.