La aprobación de la reforma tributaria planteada por el gobierno de Iván Duque era necesaria. Que todas las propuestas de la oposición hayan sido negadas en bloque, sumado a que la ponencia se presentó muy pocas horas antes de haber sido aprobada casi que a pupitrazo, deja un mal sabor de boca y es una oportunidad desperdiciada por la coalición de gobierno para demostrar su voluntad de diálogo y de mejora. Quedaron por fuera discusiones interesantes, como el impuesto a las bebidas azucaradas, pero ya durante la administración de Iván Duque no ocurrirá. La pelota ahora está en la cancha de los candidatos al Congreso y a la Presidencia: ¿qué harán con la crisis que persistirá?
Esta es una reforma de emergencia después de que la reforma que supuestamente iba a enfrentar la crisis generó aún más problemas. La torpeza política de la Casa de Nariño, sumada al oportunismo político de líderes que piensan más en cálculos electorales que en las complejidades de la situación financiera nacional, desencadenó el estallido social. Los resultados están a la vista: una desconfianza creciente en las instituciones, una gobernabilidad limitada, Colombia perdió el grado de inversión y la crisis económica no da señales de tregua, a pesar de los estimados esperanzadores a los que se aferra el Gobierno.
Entonces, había que aprobar una reforma. Hay quienes siguen insistiendo en que no, pero sus ojos están más pendientes en las urnas que se abrirán en 2022 que en la realidad nacional. Estamos en un momento muy delicado. Si el Gobierno y en particular el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo Abondano, no eran cuidadosos y aprovechaban esta oportunidad para reconstruir el tejido social, podíamos entrar en una espiral destructiva. Por fortuna, parece que lo peor se evitó.
Dicho eso, por todas las condiciones mencionadas, es una reforma tímida. Es curioso decirlo de tal manera a pesar de que el recaudo esperado, $15,2 billones, es el más elevado en la historia reciente de Colombia. Pero es que no estamos en tiempos normales: después de la pandemia, con un déficit fiscal de 7,8 puntos en 2020, el país necesita muchos recursos y nos hemos quedado cortos en ambición.
Con todo, la reforma logra apagar incendios. Le envía un mensaje de estabilidad a la comunidad inversionista internacional que, ojalá, servirá para detener futuras pérdidas de reputación. El Ingreso Solidario lo garantiza hasta diciembre de 2022, convirtiéndolo en un rescate necesario para que la pobreza no siga en aumento. También promete austeridad que, de lograrse, creará una buena práctica en las instituciones del Estado. Esto, no obstante, lo hace subiendo el impuesto a las empresas del 30 al 35 %. Queda la pregunta para los candidatos: ¿cómo construimos un sistema tributario más equilibrado?
En todo esto, el Gobierno hizo aprobar con afanes la reforma. La oposición tenía buenas propuestas que fueron descartadas de tajo. Un último gesto de intransigencia que mancha el proceso que se hizo en los meses anteriores. Los reclamos airados son justificados, pero que el debate no elimine la realidad ineludible: necesitábamos esta reforma.
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