Dicha apuesta tiene por estos días, sin embargo, un gran inconveniente: el tema de la consulta previa con las comunidades indígenas y afrodescendientes, dos de las más azotadas por la violencia.
El problema fue resuelto de manera temporal cuando el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, acordó con las comunidades concertar un par de decretos con fuerza de ley que trataran específicamente el tema de reparación bajo un enfoque diferencial (es decir, una Ley de Víctimas para indígenas y afros, con las sutilezas propias de sus visiones del mundo). Ante la importancia de que la ley fuera aprobada, los grupos accedieron. Su negativa, sin embargo, podría suponer que fuera retirada del ordenamiento bajo un plumazo de la Corte Constitucional.
Los procesos de elaboración de los decretos fueron en todo distintos. El de los indígenas, por un lado, comenzó con la conciliación de una propuesta de decreto (representantes de Gobierno e indígenas entraron cada uno con una diferente). Después de meses y luego de ir por Colombia consultando a los pueblos, el texto conciliado, uno que podría ser histórico ya que comprende muchas de las visiones únicas de los indígenas, volvió a la mesa para los últimos retoques. En ese momento, miembros del Gobierno que no habían estado en todo el proceso empezaron a objetar sus puntos estructurales. Las comunidades temen hoy a que esas objeciones sean escuchadas por el Gobierno, pues eso no sólo dañaría este proceso único y ejemplarizante sino que enfurecería a los indígenas y dejaría sin piso jurídico las reparaciones.
El de los afros, por otra parte, fue un proceso mucho más complicado. El primer obstáculo se presentó cuando no se sabía con quién consultar: la Consultiva de Alto Nivel, creada durante el gobierno de Uribe, pero deslegitimada por una sentencia del Consejo de Estado posteriormente, por su falta de representatividad ante las comunidades afro, no era un buen punto de partida. El Gobierno empezó a convocar algunas reuniones regionales a través de las comisiones consultivas departamentales. Sin embargo, el proceso demoró mucho en iniciar y, cuando por fin lo hizo, muchas comunidades no consideraron que las reuniones valieran como una consulta previa real. El poco tiempo, información y conocimiento del proyecto, los llevaron a esta conclusión. En octubre, cuando quedaba menos de un mes y medio antes del plazo para emitir los decretos ley, el Gobierno acordó escuchar una propuesta de la Mesa Nacional de Organizaciones Afrocolombianas y realizar más reuniones para conciliar las diferentes versiones. Pero luego, a la Mesa no le fue permitida la participación en la supuesta conciliación. En suma, a pesar de que el Gobierno dice que las propuestas fueron incluidas en un 80%, muchas comunidades dicen que no existió consulta.
¿Y entonces? El problema es el tiempo, porque los decretos deben estar firmados por el presidente Santos en pocos días (el plazo vence el 10 de diciembre). La preocupación mayor es que los grupos lleguen a la Corte con unos argumentos que sirvan para dejar sin validez una ley que es fundamental para este país. Depende entonces del Gobierno no sólo aliviar las preocupaciones indígenas, sino también reincorporar las propuestas afro en la versión final del decreto. Éstos, los afro, a su vez, podrían intentar una nueva concertación en tiempo récord, de los puntos fundamentales que le faltan al decreto. Aunque esto último, muy probablemente, no pueda darse. Un proceso histórico como este no debería dejarse pasar tan a la ligera. Las alarmas, pues, están prendidas.