Ante el escándalo desatado, la estrategia del gobierno en Riad es proteger al príncipe heredero, Mohamed bin Salmán. Según los analistas, todos los indicios lo señalan como responsable de quitarse de encima a quien, desde el Washington Post, denunciaba la falta de libertad de expresión en los países árabes. No en vano clamaba por una mayor apertura democrática en su país, que es una férrea monarquía y el más firme aliado de Estados Unidos dentro del mundo árabe. La firme posición de los saudíes contra Irán y los jugosos contratos con diversos países han llevado a que la comunidad internacional se haga la de la vista gorda frente a los graves problemas de derechos humanos dentro y fuera del país. Su polémico involucramiento en Yemen y los miles de muertos por culpa de los bombardeos saudíes, muchos de ellos niños, pasaron debajo de la mesa. Recién ahora, el asesinato de Khashoggi puso contra la pared a Bin Salmán.
El problema no fue que el periodista hubiera fallecido dentro del consulado saudí en Ankara, Turquía, a donde había acudido a hacer un trámite de rutina. El verdadero “error” radica en que la desaparición dentro de la oficina consular hubiera sido monitoreada por los turcos y que hubieran obtenido una grabación de audio sobre lo que allí había sucedido: la tortura, el degollamiento y el descuartizamiento del incómodo periodista. Los macabros detalles salieron a la luz pública, lo que llevó a la corona saudí, de negar el hecho, a reconocer que Jamal Khashoggi en efecto había fallecido “accidentalmente” en un enfrentamiento dentro del consulado. Como lo dijera Andrew Stroehlein, de Human Rights Watch: “¿Un hombre de 60 años que se enfrenta a dos docenas de tipos? Es la peor coartada que he escuchado. Se necesita una investigación de la ONU”.
La dudosa historia del gobierno para acallar las crecientes críticas debería dar paso a una investigación independiente para saber lo que sucedió. Ese parece ser el cauto llamado de varios países europeos. Sin embargo, la posición de Estados Unidos no parece ir más allá de aceptar la verdad de lo expresado por el régimen saudí. El presidente Donald Trump considera “creíble” la versión. Esto a pesar de todas las inconsistencias del caso y de la demora de casi tres semanas en que se reconociera la muerte del periodista. Como él mismo lo mencionó en días pasados, lo que está en juego son miles de millones de dólares en contratos, en especial en armamentos, que su gobierno no está dispuesto a arriesgar.
En su última columna para el Washington Post, publicada de manera póstuma, Khashoggi escribió: “No hace mucho estaba en internet echando un vistazo al informe de Libertad en el mundo publicado por Freedom House y caí en la cuenta de algo muy grave. En el mundo árabe solo hay un país que haya sido clasificado como ‘libre’. Esa nación es Túnez. Jordania, Marruecos y Kuwait ocupan la segunda posición, con la clasificación de ‘parcialmente libres’. El resto de países del mundo árabe aparecen clasificados como ‘no libres’”. Nada que agregar.
De momento, y para demostrar sanciones a los responsables del “error”, se destituyó a Saud al Qahtani, cercano asesor del príncipe heredero. Lo mismo al general Ahmed Asiri, vicedirector de los servicios de información exterior, y otros cuatro generales de ese departamento. Además de las quince personas que participaron en el operativo. No parece que las acciones vayan a ir más allá y lo que quedará como epílogo de este hecho condenable será la versión oficial de lo acontecido.
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