Las decisiones recientes del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, que produjeron la renuncia de todos los miembros de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM), han generado una gran preocupación sobre el destino que se está labrando para una empresa que ha sido ejemplo de trabajo coordinado entre el empresariado privado y el sector público. Las alarmas están encendidas y es importante pararles bolas.
Los dimitentes adujeron que el proyecto de acuerdo para cambiar el objeto social de la entidad, presentado por el alcalde al Concejo, debió ser discutido a fondo en la junta y no solo presentarse con carácter informativo, y que lo mismo debió pasar con la decisión del gerente, general Álvaro Guillermo Rendón López, respaldada por el alcalde, de convocar a conciliar a los contratistas y aseguradores de Hidroituango el valor de los daños y perjuicios, estimados en casi $10 billones, y demandarlos si no se llegase a un acuerdo con ellos.
La propuesta de introducir en el objeto social cambios radicales que desviarían a la empresa de su razón de ser, como se dijo en estas páginas hace unos días, es un asunto delicado y altamente riesgoso, que debió analizarse en detalle.
La decisión de conciliar con los contratistas y aseguradoras de Hidroituango es más compleja aún, pues no existen documentos que establezcan la responsabilidad individual de cada contratista, con excepción del informe de la firma consultora Skava, que le asigna la responsabilidad al diseñador, imputación que este ha rechazado.
Las compañías de seguros ya habían reconocido que el siniestro se debió a un hecho fortuito y, en tal virtud, habían empezado a pagar los daños, el lucro cesante y el daño emergente. Es posible que ahora decidan suspender o negar esos pagos a la espera de que la conciliación demuestre lo contrario, lo que afectaría las finanzas de EPM.
La decisión de esa conciliación, además, implica el riesgo de aumentar los tiempos y los costos de la recuperación de la central Hidroituango, más allá de lo que hoy se tiene. Así lo advirtió la calificadora de riesgos Moody’s en un comunicado expedido en días pasados.
Los estatutos de la empresa establecen que la junta directiva debe aprobar la intención de conciliar diferencias que superen los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aunque el gerente lograse demostrar su pretensión de que esa facultad era suya, no parece sano ignorar a la junta directiva en un asunto de tal envergadura. Tampoco es válido que el tiempo para hacerlo se estaba agotando, porque esa situación se conocía desde que ocurrió el siniestro en abril de 2018.
Los riesgos ya empezaron a materializarse. La firma Fitch Ratings redujo la calificación crediticia de EPM de BBB a BBB-, con perspectiva decreciente. La calificadora considera que “se incrementó la intervención del dueño de EPM, el municipio de Medellín, en el manejo de la empresa, lo que representa un deterioro de los controles del gobierno corporativo”. Esta medida endurecerá los créditos futuros y afectará la confianza inversionista de la entidad.
La mayor fortaleza que ha tenido EPM a lo largo de sus 65 años de vida empresarial ha sido la solidez de su gobierno corporativo, con prácticas rigurosas en materias administrativas, técnicas, jurídicas y financieras, plasmadas en su Código de Buen Gobierno aprobado por su junta directiva.
Las actuaciones unilaterales del alcalde y del gerente general, a espaldas de la junta, y la posterior renuncia de los miembros de esta, en lugar de permanecer en sus cargos y enfrentar constructivamente el conflicto, han violado ese Código y han desatado una crisis peligrosa y lamentable. Por el bien de Colombia entera, deseamos que el alcalde de Medellín y la administración de EPM recuperen la prudencia y la sindéresis.
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