Se veía venir el terremoto político en la Argentina y sin embargo sus consecuencias están siendo aún más graves de lo esperado para la endeble democracia de la nación del sur del continente. Cristina Fernández de Kirchner, quien gobernó a la Argentina durante 12 años de la mano de su esposo, Néstor Kirchner, y hoy es la vicepresidenta, fue condenada a seis años de cárcel por administración fraudulenta. La líder política salió a encender todas las instituciones posibles con su retórica, lo que ha calentado los ánimos en el país que de por sí pasa por una grave crisis económica.
Fernández ha sido una figura polémica durante toda su carrera política. Su caudal electoral es enorme y fue una de las razones por las que Mauricio Macri no pudo ser reelegido la última vez que los argentinos fueron a las urnas. Sin embargo, la era del kirchnerismo vino con mucho sectarismo, peleas con los medios y las empresas privadas, y el uso del micrófono presidencial para atacar a cualquier crítico. Lo mismo que estamos viendo ahora con su reacción a la condena.
Para la vicepresidenta (pues gracias al fuero no puede ser capturada hasta diciembre del año entrante), “esto es un Estado paralelo y mafia judicial. (Es) la confirmación de la existencia de un sistema paraestatal donde se decide sobre la vida, el patrimonio, la libertad de los argentinos, que está afuera de los resultados electorales”. Dirigiéndose al director del grupo de medios Clarín, al que responsabilizó de toda la persecución política en supuesta complicidad con jueces y fiscales, dijo: “Me va a poder meter presa después del 10 de diciembre (…) eso es lo que usted quiere: verme presa o muerta”. Ya antes había dicho, frente al tribunal que la condenó: “Más que un tribunal de lawfare es un verdadero pelotón de fusilamiento”.
La retórica violenta contrasta, claro, con los hechos por los cuales fue condenada. Justo antes de llegar a la Presidencia, creó una empresa de construcción con su esposo, que luego le entregaron a un testaferro llamado Lázaro Báez, hoy condenado, entre otras cosas, por lavado de activos, quien no tenía experiencia en construcción. Resulta que durante los 12 años de gobierno del kirchnerismo, el 79 % de las obras de la provincia de Santa Cruz se entregaron a esa empresa, un total de 51, la mitad de las cuales nunca se terminaron. Coincidencialmente, la empresa de construcción se disolvió el mismo año que Fernández dejó la Presidencia por última vez. Según los fiscales del caso, “todas las licitaciones fueron una farsa. Hubo una cartelización organizada por el Estado nacional”.
En todo caso, a la condena todavía le queda revisión por la Cámara de Casación y la Corte Suprema. Sin embargo, en su defensa, Fernández, siempre caudillista, optó por minar la credibilidad de todo el sistema judicial de tajo, lo que deja a la Argentina en medio de una crisis política y todo en vísperas de un año electoral que será decisivo para el país. Ahora, una vez más, la campaña girará en torno a la figura de Fernández, que despierta odios y amores, mientras la institucionalidad tiembla en medio de la polarización.
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