La misma semana en que la Defensoría del Pueblo emite una alarma sobre la integridad de las próximas elecciones, el alcalde de Nuquí (Chocó), Yéfer Gamboa Palacios, denunció que tuvo que dejar el municipio por amenazas contra su vida. El recrudecimiento de la violencia en varias regiones del país, que responde a tendencias que comenzaron en el gobierno pasado y no ha podido ser atendido de manera suficiente por el actual, hace que las próximas elecciones locales de octubre se estén realizando en medio del miedo. La violencia política no puede arrebatarnos la democracia.
También esta semana, en el occidente del Huila, Blanca Marín fue asesinada. Marín era la esposa de Eduardo Hoyos Gamba, candidato a la alcaldía de La Plata por el Pacto Histórico. El partido del presidente también tuvo otra víctima hace tres semanas: Eduardo Timaná, líder indígena del municipio de Pradera (Valle del Cauca) y candidato al Concejo, fue asesinado. Candidatos de otros partidos han denunciado no poder hacer campaña en tranquilidad en lugares como Arauca y el Cauca. Todo esto se une a la alerta emitida por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo: 113 municipios del país estarían en riesgo extremo y 286 municipios en riesgo alto por culpa de la violencia y los grupos al margen de la ley. Se escuchan los ecos de las elecciones que se daban antes del acuerdo de paz con las Farc.
Según la Defensoría, la cifra de municipios en alerta representa un aumento del 39 % con respecto al 2019. En particular, preocupan Arauca, Florencia, Quibdó, Neiva, Cúcuta y Bogotá. En palabras del defensor Camargo, “consideramos que la situación es compleja, por eso extendemos nuestro llamado al presidente Gustavo Petro [para que] implemente acciones rápidas y efectivas para que sean garantizados los derechos de las comunidades”. El representante de la Misión de Observación Electoral en Norte de Santander, Javier Oviedo, dijo en Caracol Radio que “lo primero es garantizar la seguridad y la integridad de todos los candidatos a los diferentes cargos de elección popular, de los funcionarios y servidores públicos en el marco del certamen electoral”. También recordó que hace poco en Convención (Norte de Santander) hubo el secuestro durante tres días de una funcionaria de la Registraduría.
En respuesta, el presidente de la República, Gustavo Petro, dijo en su cuenta de X que “no hay 300 municipios en riesgo en las elecciones. Hay 17 y allí estaremos. Habrá elecciones en todo el territorio nacional”, y agregó que “heredamos una violencia innecesaria por «hacer trizas la paz», pero la sociedad colombiana ha decidido la paz y lo logrará”. Más allá de la disputa sobre cuántos municipios están en riesgo, que debería ser resuelta en un diálogo institucional, lo importante es que el Gobierno se ha comprometido a mantener la seguridad. Tiene razón el presidente en que estamos viendo las consecuencias de un acuerdo de paz mal implementado y una estrategia de seguridad que ha sido errática entre gobiernos. Mientras la apuesta por la “paz total” da frutos, el reforzamiento de la presencia estatal en las zonas de conflicto es fundamental. Esta historia ya la conocemos y el Estado colombiano tiene las herramientas para combatir el terror; es necesario usarlas para que las elecciones se hagan con tranquilidad.
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