Mientras la ex parlamentaria Yidis Medina cumple con su condena por cohecho y Teodolindo Avendaño es detenido por recibir dineros producto de la venta de una notaría como prebenda para abstenerse de participar en la sesión en la que se votó la reelección, las investigaciones contra los funcionarios presuntamente implicados no arrojan resultados. La Fiscalía guarda un silencio que incomoda. La Procuraduría, según se nos dice, pronto se pronunciará. Si ninguna decisión es asumida, los supuestos culpables lo serán de unos delitos que aparentemente nunca existieron. La justicia, algunos dirán, se verá subordinada a la política.
La última noticia que arrojó el escándalo de la yidispolítica fue la de la decisión, de parte de la Corte Constitucional, de tumbar la tutela interpuesta por el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, y fallada a su favor por la cuestionada sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Argumentando que la Corte Suprema de Justicia le había violado su derecho a la legítima defensa en el proceso de la yidispolítica, el Ministro consiguió que su nombre fuese completamente borrado de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia contra Yidis Medina. Durante un tiempo, y pese a que el entonces Procurador señaló el sinsentido de la situación, la tutela se impuso a la sentencia judicial y la ex congresista, como ocurre actualmente, fue culpada en solitario de un delito que supone la participación de dos personas.
Evidentemente la palabra de Yidis Medina, quien ha incurrido en imprecisiones, contradicciones y mentiras, no es prueba irrefutable de la supuesta culpabilidad del Ministro y los otros funcionarios presuntamente implicados. Aunque opositores lo desean, por el simple hecho de haber aceptado su culpabilidad en el cohecho, el debate no se va a cerrar con cárcel y destitución para todos los afectados. Pero tampoco se puede obviar que la Corte Suprema de Justicia se pronunció y dejó explícito que hubo una “compra de conciencia en aras de obtener un beneficio particular”. Es más, una copia de la sentencia le fue compulsada a la Corte Constitucional y ésta, por decisión de la mayoría de sus magistrados, pese a que echó para atrás el recurso de revisión extraordinario del acto legislativo que permitió la reelección presidencial, no desconoció la posibilidad “de que un congresista haya obrado por motivaciones ilícitas”.
Desde entonces, no falta quienes consideran que en aras de la estabilidad institucional del país —y más allá del debate jurídico que se abrió en torno a si la Fiscalía estaba obligada a aceptar la sentencia de la Corte Suprema a la hora de evaluar la conducta de los funcionarios, si se estaba ante procesos independientes, o si Medina se autoincriminó para hacerle daño al Gobierno—, pudo más la política que la justicia. Otros, con argumentos nada desdeñables, señalan que la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia se excedió en contenido político y faltó a su esencia judicial.
Más allá de la intensa batalla librada entre el Gobierno y la Corte Suprema, en la que dicho sea de paso hubo excesos de parte y parte, lo cierto es que casi cinco años han transcurrido desde que ocurrieron los hechos y a la fecha seguimos a la espera de una respuesta definitiva. Ahora que la procuraduría de Alejandro Ordóñez se apresta a dar su veredicto final, habrá que estar atentos.