Primero fue el Valle del Cauca, en donde el solo volumen de las votaciones, inusualmente alto, dejó mal paradas a las autoridades electorales. Ahora las alertas se prenden en algunos municipios de los departamentos de Atlántico y Bolívar. Ante la lluvia de inconsistencias, el Consejo Nacional Electoral ya tomó la decisión de no continuar algunos reconteos. Varios sufragios, además, han sido trasladados a Bogotá. Hay quienes afirman que el fraude penetró las elecciones y que éstas, por consiguiente, carecen de legitimidad.
No hace mucho discutíamos en este mismo espacio las innumerables quejas con respecto al desempeño de la Registraduría: Hubo falencias en la ejecución del contrato con la empresa encargada de la transmisión de datos electorales, faltó infraestructura y personal para la operatividad en algunos lugares del país, y se presentó represamiento y demora en la generación de boletines informativos. Por si ello fuera poco, el registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, es nuevamente el protagonista de una situación que, él mismo ratificó, es “de pésima presentación”.
Esta semana El Espectador presentó un informe en el que quedaron al descubierto extrañas, por no decir sospechosas, cercanías entre funcionarios encargados del manejo del sistema electoral y allegados a una empresa que ofrece curiosos servicios a los candidatos al Congreso a punto de perder en las urnas. La empresa es conocida como Procesos Electorales, fue constituida en el 2003, brinda actividades como vigilancia de los escrutinios, conformación de un grupo de abogados que orientan y direccionan las actuaciones de los testigos y permitiría, incluso, impugnar decisiones adoptadas. Los cambios estarían sujetos a la modificación de los formularios E-24, los mismos que se producen en la etapa final del escrutinio en la Registraduría y que por estos días son noticia debido a que no siempre hay equivalencia con los formularios E-14 que se hacen en las mesas de votación.
Más allá de lo inusitado de la empresa y lo mal que habla de los políticos que puedan acudir a ella, lo más insólito es que sus socios fundadores son Henry Villarraga Oliveros, magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; Alfonso Portela Herrán, actual registrador delegado en lo Electoral y director de Gestión Electoral, y el propio registrador, Carlos Ariel Sánchez, quien 11 días después de haber sido designado acudió a la Notaría 76 de Bogotá para oficializar la cesión de sus acciones por una suma ridícula. ¿No hubiese sido esperable que un recién nombrado Registrador Nacional hubiese cerrado su oficina de trámites legales en el tema electoral en lugar de apresurarse a cederla para que siguiera operando? Una rápida mirada a la nueva conformación de la empresa indica que dos de las personas que la recibieron tienen cédula de Purificación (Tolima), por coincidencia la misma procedencia de los socios fundadores. Y quienes la dirigen son familiares directos del magistrado.
Tan extraño, por decir lo menos, como el silencio de las autoridades. La Procuraduría, ni siquiera por suspicacia se ha interesado en averiguar el caso. Es incluso probable que no exista investigación alguna frente a un hecho que en cualquier lugar del mundo no tiene presentación. Puede que jurídicamente no exista impedimento alguno -como lo ha reiterado el Registrador en su defensa- o que se corrobore que no hay delitos o faltas disciplinarias, pero queda en evidencia una vez más una práctica que sucede a menudo y que podría situarse en el plano del conflicto de intereses: transitar del sector privado al público en los mismos temas, de tal modo que se pase tranquilamente de impugnar al Estado a defenderlo. O viceversa. A lo mejor normal, pero de pésima presentación tratándose, ni más ni menos, de la neutralidad que se requiere de quien escruta los votos de los colombianos.