El patrimonio del Estado colombiano, como se ha sabido en los últimos informes que el mismo Gobierno ha entregado, está en juego por la baraja inimaginable de demandas que se levantan contra él. Contratistas, litigantes, personas del común, afectados directos que quieren presentar demandas de reparación directa, entre otros, hacen que la suma hipotética de 1.000 billones de pesos —un absurdo, teniendo en cuenta que es casi dos veces el Producto Interno Bruto colombiano— se haga realidad si llegaran a prosperar todas las demandas que contra el Estado se adelantan al día de hoy.
La misión de Carrillo, entonces, es inigualable en términos de patrimonio estatal. Y enhorabuena Santos lo ha designado. Sus méritos sobran: abogado y socioeconomista, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, avezado en temas de la modernización del Estado y asesor del Banco Interamericano de Desarrollo. Esa misma organización internacional que fue la que entregó ciertas recomendaciones (basadas en estudios comparados efectuados en otros países con similares condiciones) al Estado colombiano para que creara la agencia que hoy Carrillo preside. El BID no sólo hizo esto, sino que también dio un crédito con 10 millones de dólares para la puesta en marcha de esta nueva política.
¿Qué se busca con esto? Podría decirse que lo mismo que persigue, a grandes rasgos, la reforma al Estado emprendida por el gobierno de Santos: buscar un orden. Una brújula dentro de la defensa. No solamente en términos de conformar un gran archivo contentivo de todas las demandas, conciliaciones y otras actuaciones, con el fin de realizar un estudio panorámico que responda a la pregunta de ¿en qué se encuentra Colombia en términos de litigios y procesos?, sino también generar una visión única y calificada de lo que por defensa se entiende.
No en términos ideológicos sino prácticos: qué tesis y estrategias deben seguirse para hacer eficiente la defensa del Estado. Una sola mirada a esto, comandada tal vez por 100 expertos como el mismo Carrillo ha prometido, que logren unificar las visiones y herramientas que se usan en las distintas entidades en las audiencias. Una enseñanza de la defensa y, alrededor de ella, una misma estrategia, por decirlo en términos simples.
Esto último sumado al uso prioritario de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la conciliación, que para algunos expertos son la forma más simple de ahorrar los costos sobrevinientes (en tiempo y en dinero) de los procesos judiciales.
Lo que está a la espera es la ejecución de este plan. No puede ser un asunto improvisado ya que, a juicio de algunos, las arcas de la Nación están altamente comprometidas. Si sirve o no para combatir las “mafias” de abogados que quieren meterle gol al sistema (lo cual puede obedecer, insistimos, a asuntos de cultura jurídica), como expresó el presidente Juan Manuel Santos hace unos días, es un asunto. Pero que pueda consolidarse un aparato más eficiente y unificado es esencial para todos. Sobre todo cuando las alarmas por las finanzas del Estado se prendieron hace ya dos años. Esperamos que sean prontas la reestructuración y la puesta en marcha.