En tiempos de crisis, el autoritarismo seduce. Mientras todos los Estados se encuentran reaccionando como pueden al COVID-19, ha sido necesario echar mano de facultades extraordinarias que rompen con la división de poderes, concentran la capacidad de actuar en presidentes, alcaldes y gobernadores, limitan a las cortes y se prestan para la vulneración de derechos fundamentales. Los líderes deberán resistir la tentación de aprovechar el caos y el pánico de una sociedad en shock, para violar los principios de la democracia y de una sociedad que debe ser libre, así esté en cuarentena.
Enfrentar una enfermedad desde el Estado puede despertar los peores instintos autoritarios. Es lógico: se trata de la supervisión directa de los cuerpos, sus temperaturas, sus síntomas, sus debilidades. La respuesta es limitar la movilidad, instaurar la vigilancia constante, querer centralizar todas las decisiones. Como nunca, medidas como la cuarentena autorizan a unos cuantos líderes políticos a decidir directamente qué podemos hacer y qué no, todo con una clara justificación. Pero la línea es delgada entre lo necesario para enfrentar la pandemia y aquellas renuncias insensatas a derechos básicos de cualquier ciudadanía que se sueñe libre.
Ya Donald Trump, en Estados Unidos, amenazó con cerrar el Congreso si no hacían lo que él desea. También, el viernes, tuiteó varias veces pidiendo la “liberación” de tres estados que están en cuarentena y no han querido obedecer sus erráticos mandatos sobre el COVID-19. El mensaje llamando a la insurrección esconde una idea poco sutil: él, y solo él, debería decidir cómo enfrentar la pandemia. La autoridad del presidente es “total”, había dicho en rueda de prensa. El problema es que sus tácticas tienen hoy a Estados Unidos como el país con más muertos reportados en el mundo.
Lo propio ha hecho Nayib Bukele, en El Salvador, que esta semana buscó desautorizar al tribunal constitucional. En Brasil, Jair Bolsonaro despidió a su ministro de Salud por contradecirlo y está en una pugna abierta con los estados federales que no están de acuerdo con su aproximación laxa a la crisis. China, por otro lado, brilla por su autoritarismo que ha censurado las noticias y las cifras verdaderas sobre sus contagios, y que ha aprovechado todos los poderes exorbitantes del Partido Comunista para supervisar a los ciudadanos y limitarles sus pocos derechos. En Hungría cancelaron elecciones, cerraron el parlamento y el presidente se declaró “líder por decreto”. Y así seguimos, en todos los países, viendo los cantos de sirena del autoritarismo y el totalitarismo emerger.
Las personas están asustadas y eso nos vuelve vulnerables. Por eso mismo, los líderes deben demostrar una vocación democrática inquebrantable, así como un respeto vehemente a las libertades individuales. Que las medidas de emergencia sean solo eso: intervenciones pasajeras y muy limitadas que den paso, luego y pronto, al equilibrio de poderes necesario para proteger los derechos fundamentales. Como escribió Alejandro Reyes en El Espectador, “el temor generalizado es que, después de pasada la pandemia, los gobiernos no quieran ceder el nuevo poder adquirido en la emergencia y lo quieran usar para hacer más exigua la democracia, que descansa en las mayorías”. No podemos permitir que eso ocurra.
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