Las revelaciones de la Fiscalía General de la Nación sobre una presunta red criminal dedicada a la compra de votos en las últimas elecciones legislativas parecen confirmar una vergonzosa práctica que hemos llegado incluso a normalizar como parte de nuestra cultura política: la rampante corrupción electoral que tanto afecta a nuestra democracia. Entender y encontrar pruebas de cómo es que opera este negocio criminal es un muy importante avance para poder extinguirlo.
La semana pasada, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dio a conocer los primeros resultados de las investigaciones que se adelantaban por supuestas irregularidades en las pasadas elecciones del 11 de marzo, y que implicarían a varios candidatos al Congreso, entre ellos Fabián Castillo, Margarita Restrepo y la ya detenida Aída Merlano. Se indagan casos en Bogotá, Medellín, Ciénaga (Magdalena), López de Micay (Cauca) y Soledad (Atlántico), que abarcan distintas modalidades de corrupción electoral que van desde la compra de votos, constreñimiento al elector y presiones a contratistas, hasta la conformación de empresas al servicio de campañas políticas para corromper al electorado. El caso más significativo involucra a Merlano y a una compleja organización criminal en la costa Caribe dedicada a la compra de votos con más de 2.000 personas involucradas, cuya escala la califica como una verdadera empresa criminal.
Los hallazgos de la Fiscalía no tienen precedentes y, a la vez, sólo parecen confirmar un secreto a voces. Desde hace tiempo la corrupción se volvió parte de nuestro paisaje electoral, un lugar común que se repetía en cada cita a las urnas y que aceptábamos casi que con resignación. Por ello aplaudimos la labor de la Fiscalía para poner al descubierto una práctica que lleva demasiado tiempo realizándose impunemente y en las sombras.
Asimismo, la gravedad de las acusaciones exigen solidez en las pruebas presentadas. De esto depende, en gran medida, que vayamos recuperando la confianza en nuestras vapuleadas instituciones y que no haya lugar a denuncias de persecución, como ha sucedido desde que se anunciaron las pesquisas. El afán de justicia y la importancia de que los responsables reciban todo el peso de la ley no puede minar la justa presunción de inocencia de todos los implicados. De ahí la importancia de que el proceso siga su curso.
Que el país sepa cómo operan estas empresas criminales es un primer paso para combatirlas. Como explicó Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), a propósito del anuncio de la Fiscalía, “esto nos está permitiendo conocer a diferentes niveles cómo funciona la relación entre política, corrupción y procesos electorales para así avanzar hacia unas mejores reformas políticas electorales y hacer un llamado de atención muy serio a las organizaciones políticas porque siguen privilegiando la obtención de los votos sobre candidaturas transparentes”.
Estamos de acuerdo y nos unimos al llamado a los partidos políticos, que deben asumir su responsabilidad por los avales que entregan. Es hora de ponerle un alto a uno de los mayores vicios de nuestra democracia.
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