Y por estos días, esta no es otra que la actividad política que en un año electoral promete un debate intenso. En dos meses habrá elecciones parlamentarias y en cuatro está previsto que el país conozca quién debe regentar los destinos de la nación para el cuatrienio 2010-2014.
En un país polarizado por las circunstancias y la historia reciente, lo primero y esencial es invocar tolerancia, respeto por las ideas, altura en la controversia. Eso es lo mínimo que puede esperarse de quienes aspiran a liderar políticamente a la sociedad. Más que agresiones o señalamientos, el país quiere escuchar propuestas, fórmulas para superar los escenarios de inequidad o pobreza que son la raíz de buena parte de los males que afectan nuestra convivencia. Y acción decidida contra los violentos, gestores del atraso y causantes reales de nuestra crisis insoluble.
Resulta utópico y hasta ingenuo sugerir que los dilemas urgentes se solucionen sin una desgastante confrontación. Pero sí puede plantearse que se respeten las reglas de juego que, en una democracia, no pueden ser otras que el apego absoluto a la Constitución y a las leyes. Y esta directriz cabe para todos los asuntos inmediatos. La definición sobre quién debe ser el Fiscal General de la Nación después de cinco meses de interinidad, tantos procesos judiciales pendientes de solución que no pueden volverse recurrentes en el vencimiento de términos y, por supuesto, el asunto capital: el referendo reeleccionista.
Se dice que el Procurador General de la Nación este martes dará su concepto sobre la ley que busca convocar a un referendo para habilitar un tercer mandato del presidente Uribe. Aunque no obliga a la Corte Constitucional, con toda seguridad avivará una polémica que hoy tiene dividido al país. Cualquiera sea su postura, unos u otros quedarán inconformes. Sólo se aguarda que, como representante de los intereses de la sociedad, el jefe del Ministerio Público esgrima suficientes argumentos en derecho para que el país debata sin sesgos políticos.
Una es la convicción que puedan tener los colombianos respecto al tema y otra, muy distinta, la obligación que tiene la Procuraduría General de la Nación de aportar luces en un tema en el que la última palabra sólo le corresponde a la Corte Constitucional. Así está concebido en nuestro ordenamiento jurídico. En su terreno no cabe la política. Otra es la visión de muchos ciudadanos que por distintas razones, afines o distintas a las que esgrimen algunos periódicos internacionales, sugieren que el Presidente no aspire a un tercer mandato. Del otro lado están los que piensan que el Estado de Opinión existe.
Cada quien es libre de profesar sus ideas. Las de este diario han quedado claramente consignadas en múltiples editoriales. El Gobierno ha sido exitoso en su esfuerzo contra los violentos y el mantenimiento de la seguridad, pero la permanencia en el poder del Primer Mandatario para un tercer período es inconveniente para la democracia. En otras palabras, no comparte la esencia del referendo reeleccionista, por convicción y criterio. Sin embargo, aguarda con respeto y libertad de crítica las determinaciones y conceptos que emitan las autoridades competentes.
De cualquier modo, después de este puente de Reyes, pospuesto por efecto de la acatada Ley Emiliani, el país retorna a su pulso tradicional, y para todas las instituciones y los ciudadanos que les dan razón de ser, la invitación no puede ser otra: ideas, programas, soluciones, diagnósticos, acuerdos. La inteligencia humana al servicio de la razón y no de la violencia, la intolerancia o el fanatismo. Comienza un año político y se requiere madurez para afrontarlo. Ojalá que el proceso concluya pacíficamente y que la democracia real se baste a sí misma.