Las mujeres colombianas se toman hoy las calles de todo el país para reclamar por el aumento en los feminicidios, la violencia intrafamiliar, la impunidad imperante en todos los casos de violencia de género, la falta de políticas públicas eficientes y útiles, los obstáculos que aún se presentan para acceder al derecho al aborto y, a manera de síntesis, la existencia patente de una desigualdad con raíces estructurales que se han desdibujado en el debate público. Del Ministerio de la Igualdad para abajo, el Estado debe reconocer que les ha fallado a las mujeres y que está lejos de hacer lo suficiente para enfrentar el cúmulo de problemas que se denuncian.
No es extraño que lleguemos al Día Internacional de la Mujer mientras las noticias están llenas de casos de feminicidios y victimarios siendo capturados o perseguidos. La sensación es que Colombia sigue siendo un lugar peligroso y hostil para las mujeres y que las autoridades no tienen la capacitación, las herramientas ni a menudo tampoco la voluntad de actuar como deben ante la violencia de género. Un patrón común en los horribles casos recientes que se han conocido es que los victimarios, hombres todos, habían sido denunciados en las Comisarías de Familia e incluso tenían medidas de protección. No importó; igual cometieron sus crímenes. Si ni siquiera denunciando y buscando ayuda las mujeres pueden estar seguras, ¿con qué cara decimos que tenemos un Estado que garantiza sus derechos fundamentales?
Según Feminicidios Colombia, en el 2023 tuvimos 525 casos de feminicidios. Este año las cifras no son claras, pero ya nos acercamos a las cuatro decenas. Las cifras de violencia intrafamiliar también están por las nubes y no parece haber respuesta. La sociedad civil ha exigido del gobierno de Gustavo Petro, y en particular de su Ministerio de la Igualdad, encabezado por la vicepresidenta, Francia Márquez, que sirva de articuladora de todas las entidades del Estado para cambiar esta realidad. Hasta ahora, la administración actual tiene muy poco para mostrar, más allá de promesas rimbombantes. Mientras tanto, los crímenes se siguen acumulando.
Podemos enfocarnos en más aspectos, como la violencia sexual contra niñas en un país donde inexplicablemente se permiten “matrimonios” a partir de los 14 años, o la desigualdad económica que tiene a más mujeres que hombres en el desempleo y la informalidad, pero tal vez el mensaje más importante es que de poco sirven los discursos si no hay voluntad de hacer cambios rotundos. Todos los presidentes que hemos tenido se han nombrado defensores de las mujeres y las niñas, y en el Congreso también, pero la falta de resultados salta a la vista.
No se trata solo de una falla estatal, sino de la sociedad entera. Necesitamos que todos los actores, desde la educación a la empresa privada, se vuelvan participantes activos de las conversaciones sobre por qué los hombres son los principales victimarios, por qué las niñas y mujeres se siguen chocando con obstáculos, y cuál será el camino a recorrer. No es un día de celebración sino de justa protesta.
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