El sistema penal acusatorio, que trajo consigo la utilización de la oralidad y una nueva visión sobre cómo deben llevarse los procesos criminales en el país, cumplió el año pasado 10 de su implementación (aunque sólo en 2008 empezó su aplicación en el país).
El saldo es un sistema penal moderno, con propósitos adecuados, pero entorpecido hasta el borde de la inutilidad por la congestión de los funcionarios y los juzgados, el desconocimiento de los ciudadanos y la mala utilización que a éste le dan profesionales del derecho que aún se aferran a visiones anticuadas de lo que debería ser un proceso penal. Además, es una pieza más de un sistema penitenciario colapsado que, en vísperas de un eventual posconflicto, pide a gritos una reforma seria.
Según un informe presentado esta semana por la Corporación Excelencia en la Justicia y la agencia de cooperación de Estados Unidos, Usaid, en el cual se evalúa el consolidado de 10 años del sistema, la carga que reciben los funcionarios judiciales es insostenible: en promedio, hay 1’100.000 noticias criminales cada año, que se suman a 1’507.144 hechos delictivos sin resolver que están ahí, represados, esperando la atención de alguno de los fiscales o jueces que están inundados de procesos.
Para poner esa cifra en contexto con lo que sí se saca adelante, el año pasado el 5% de los casos terminaron en fallos, lo que de entrada no es preocupante -el sistema está pensado para solucionar eficientemente los casos en las primeras etapas procesales y evitar la sobrecarga de los funcionarios, pero sí cuando se observa que se trata en la mayoría de los casos de “menor punibilidad”, donde los juzgados son capturados en flagrancia y no requieren mayor desgaste administrativo, mientras que nueve de cada diez asesinatos quedan impunes. Además, sólo el 0,06% de los casos han sido solucionados gracias al principio de oportunidad -uno de los mecanismos para evacuar procesos con velocidad-, lo que indica que no estamos precisamente ante un triunfo del sistema (aunque cabe rescatar el 9% de casos que se solucionan por la vía de la conciliación, que debe aumentar a futuro).
Es momento, entonces, de hablar de prioridades. Cuando el 46% de las prisiones del país se encuentran en hacinamiento, la solución no puede ser simplemente mandar a la gente más rápido a la cárcel ni, como proponen cada tanto las voces en campaña electoral, construir más cárceles.
Primero, debe haber un estudio concienzudo sobre qué delitos estamos persiguiendo, cómo lo estamos haciendo y cómo los estamos sancionando. Lo relacionado con estupefacientes, por ejemplo, hace años pide una reforma estructural. Lo mismo debe pensarse sobre los delitos menores que pueden ser solucionados en instancias como la conciliación o, si eso fracasa, de manera expedita por el juez (sin, por favor, terminar todo en prisión).
Segundo, debe cambiarse la cultura judicial: las personas deben entender bien qué es y qué no un delito (el informe dice que el año pasado el 42% de las denuncias archivadas lo fueron porque no configuraban un delito), fiscales, abogados y jueces deben estar convencidos de la necesidad de evacuar los procesos utilizando todas las herramientas de agilidad que el sistema penal acusatorio les ofrece, y hay que dejar de aplazar indiscriminadamente las audiencias.
Todavía falta mucho por hacer, pero por lo menos la estructura procesal arroja pistas de que vamos por un buen camino. Colombia necesita un proceso penal útil para garantizar que la lucha contra la impunidad y el delito no sea en vano.
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