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La dilación como estrategia

El pasado viernes la procuraduría General de la Nación sancionó, con una inhabilidad de 20 años, al exsenador Iván Moreno Rojas por su solicitud de comisiones para la entrega de contratos viales en Bogotá, en el famoso proceso que es conocido como ‘carrusel de la contratación’. Los delitos son el de concusión y cohecho ya que, como lo precisó el procurador Alejandro Ordóñez, dio y recibió dinero, a través de medios ilegales, para beneficiar a un grupo de congresistas.

21 de enero de 2012 - 08:00 p. m.
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Mucha tela se sigue cortando en el caso del ‘carrusel de la contratación’. El ojo vigilante siempre ha estado allí: de la prensa, de la ciudadanía, de la justicia, en fin, de todo el mundo. La indignación capitalina por el tema alcanzó unos niveles muy elevados. Por eso, opinar de nuevo sobre el escándalo mismo no es mucho lo que aporta en este instante. Ya en las páginas de este diario hemos venido publicando informes e investigaciones nutridas sobre lo que aún falta por descubrir, a más de dedicar este espacio para numerosas opiniones sobre el tremendo significado de este estropicio y, crucial, de las investigaciones que adelanta la justicia.

Nos enfocamos hoy, entonces, más bien en otro tema igual de importante. La celeridad de los procesos judiciales y disciplinarios y las estrategias perversas que las partes usan en algunas ocasiones. En estas épocas cuando se ha dicho, casi hasta el cansancio, que la justicia en Colombia es muy lenta, que (algunas veces) llega cojeando a sus metas y que es necesaria una reforma de rango constitucional para que no sólo elimine sus fallas estructurales, sino también eso, sus resultados y la rapidez de los procesos, resulta paradójico que nada menos que un expresidente de la Corte Constitucional, de las calidades de Jaime Araújo Rentería, tenga conductas como las que han rodeado el proceso contra su cliente Iván Moreno.

Araújo, sin estar presente, fue el protagonista del espectáculo que se vivió mientras el procurador Ordóñez procedía con la lectura del fallo. El abogado Mauricio Alarcón entró abruptamente en medio de la misma y la interrumpió para solicitar su aplazamiento y manifestar que tenía un poder para defender al acusado. Acto seguido, Ordóñez le retiró la personería jurídica y lo reprendió fuertemente por hacer eso. Incluso solicitó a la fuerza pública presente que lo retirara del recinto donde se desarrollaba el final del proceso. De igual forma compulsó copias a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ya que, en palabras del jefe del Ministerio Público, “pretendió inducir al error al Estado colombiano en cabeza de la Procuraduría”. ¿Por qué Araújo es el protagonista? Precisamente porque de haber estado presente, no habría sucedido este evento bochornoso.

Araújo no asistió a la audiencia programada para el pasado lunes porque, según dijo al solicitar el aplazamiento, había viajado a los Estados Unidos y su vuelo de regreso había sido reprogramado por la aerolínea. La Procuraduría salió al paso con una solución: que en el consulado colombiano en Miami el defensor pudiera presenciar la audiencia por medio de una videoconferencia. Igual, Araújo argumentó que le resultaba imposible acercarse a la sede diplomática para solicitar un nuevo aplazamiento, que no fue concedido.

Es cierto que queremos avanzar en términos de justicia, pero por más reformas que se hagan para eliminar las cotas que impiden su buen desempeño (eliminación de figuras procesales o aplicación de las mismas en otros casos), seguirá existiendo un tropiezo de fondo si no se elimina la ‘cultura jurídica’ de la dilación por parte de los representantes de las partes. Lamentable que un notable jurista como Jaime Araújo Rentería le esté dando este deplorable ejemplo al país. Este tipo de conductas, por el bien de la verdad, deberían ser erradicadas. Comenzando por la conciencia de las grandes figuras de nuestra justicia.

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