Desde 1999, cada 13 de agosto ha sido una oportunidad para no dejar morir el recuerdo de Garzón. En estos doce años se ha hecho de todo para poder preservar su imagen: desde revivir sus personajes hasta mencionar sus chistes premonitorios del destino del país. Todo. Las nuevas generaciones, aquellas que no estaban vivas cuando cada semana Garzón desplegaba esa genialidad punzante por los televisores, tienen acceso a este recuerdo de distintas formas: viendo una estatua en su honor, parada en medio de la Avenida La Esperanza y hecha a punta de cobre fundido. Repitiéndose especiales televisivos en los que se muestran sus mejores entrevistas. Visitando canales de Youtube que se remontan a sus primeras declaraciones públicas. Comprando dvd con compilados de Zoociedad, Quack y Heriberto de la Calle. Rescatando conferencias que se creían perdidas. Incluso el mismo Antonio Morales Riveira —libretista y director de Quack, el noticero— parece dar vida al muerto a través de una columna que escribe a nombre del recalcitrante Godofredo Cínico Caspa en el portal Kienyke.
Garzón perdura porque su legado es memorable. Los apuntes jocosos que hacía cada semana resuenan hasta la realidad de hoy como si la violencia no se lo hubiera llevado nunca. Esto, en un país desmemoriado como el nuestro, es fundamental.
El problema, sin embargo, no es mantener vivo su recuerdo, que se sostiene hoy por sí mismo, sino alentar para que haya justicia en su caso. Este 13 de agosto, después de doce largos años, no se sabe con certeza quién lo mandó matar. Se tienen eso sí —como tratándose de una parodia que el mismo Garzón representara— unos leves retazos de investigación, algunos pequeños indicios de justicia. Se sabe que hay una condena en contra de Carlos Castaño por haber mandado dos sicarios en una moto a matarlo. Pero, en cuanto a decisiones judiciales, nada más.
Y sí hay más, por lo menos muchos nombres a los que seguirles la pista. De despacho inhibido en fiscalía represada pueden extraerse, si se quiere: está, por ejemplo, el general retirado Jorge Enrique Mora Rangel, sobre quien pesan algunos testimonios en su contra. O también el exdirector del DAS José Miguel Narváez quien, según alias El Iguano, también instigó el asesinato de Garzón. Pero el rompecabezas está aún sin embonar. Son muchas las piezas que parecen casar unas con otras, pero hasta ahora nadie había sido capaz de organizarlas.
Es por eso que la Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo han presentado una demanda contra el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque a pesar de que ningún juez se ha atrevido a mencionar al Estado como el responsable del crimen contra Garzón, todo el mundo parece saber que una mano oscura, proveniente de una alta cúpula del poder y molesta por las verdades que escupía el humorista a través de sus actuaciones, quiso acabar fatalmente con esa pequeña piedra en el zapato.
Es repudiable que la misma justicia colombiana no haya sido capaz de aclarar un embrollo que trascenderá ahora, como es costumbre en este país, en el ámbito internacional . Sólo queda apoyar la demanda. De esta forma, así “nos hayan quitado la risa”, como se repite infinitamente hasta perder el sentido, nos devuelvan al menos la justicia y respondan por fin al interrogante que hacía Jaime Garzón en una de las tantas veces que previó su asesinato.