Un día como hoy, el M-19 protagonizó uno de los actos más estúpidos y dolorosos de nuestra historia: la toma a sangre y fuego del Palacio de Justicia. Como respuesta desmedida, las Fuerzas Armadas pusieron en práctica un operativo de retoma para acabar con los guerrilleros sin valorar la vida de los civiles retenidos. El horror de esas 27 horas dejó personas fallecidas y otras desaparecidas. Treinta años después quedan certezas, así como interrogantes y dudas por aclarar.
La conmemoración del holocausto del Palacio de Justicia debe generar una jornada de profunda reflexión nacional acerca de la inutilidad de la guerra. Las víctimas de entonces, así como sus familiares, incluyendo los de aquellas personas que hoy continúan desaparecidas o de aquellas cuyos restos han sido recientemente identificados, merecen saber qué paso. La actitud del presidente Juan Manuel Santos de acatar la sentencia de la Corte IDH y ofrecer hoy disculpas públicas a las víctimas en nombre del Estado es un paso en la dirección correcta. En cambio, del expresidente Belisario Betancur se esperaba mucho más que ese lacónico “si errores cometí, pido perdón” que lanzó esta semana.
¿Qué se sabe? Que el número de víctimas fatales fue de 98, entre ellas 11 magistrados. Que Belisario Betancur desatendió el imperativo llamado del presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, para que cesara el operativo militar. Que el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán salió con vida y su cuerpo fue encontrado dos días después en la morgue con dos tiros de gracia. Que se habló de 11 personas desaparecidas, varias de las cuales salieron con vida del Palacio según se demostró con videos y fotografías al ser trasladadas a la Casa del Florero, donde Inteligencia Militar verificaba su identidad. Más adelante la cifra se redujo a siete, tres de las cuales, Cristina del Pilar Guarín, Lucy Amparo Oviedo y Luz Mary Portela, fueron identificadas hace unos días al realizar una exhumación. Y con esto, mientras termina la búsqueda para sus familias, se revive el drama para los familiares de quienes supuestamente habían sido enterrados. Un horror.
Se sabe que las autoridades conocían las amenazas de la inminente toma del Palacio de Justicia. Que la vigilancia policial se retiró inexplicablemente el día anterior. Que todos los responsables directos murieron, salvo una guerrillera que escapó con vida y otra, Irma Franco, que fue desaparecida. Que la toma fue la estocada final al proceso de paz con el M-19, herido de muerte por obra de los “enemigos agazapados de la paz”. Que de la cúpula del M-19 de entonces no queda nadie con vida. Que cuando dicho grupo se amnistió, se les perdonó todo hecho de su responsabilidad en aras de la paz. Que alias Popeye, sicario de Pablo Escobar, asegura que su jefe dio dinero a los guerrilleros para la toma, como se sospechó en aquellos días. Que el general Armando Arias Cabrales y el coronel Alfonso Plazas Vega fueron condenados por desaparición forzada. Que recientemente han sido llamados a indagatoria 14 militares por las torturas llevadas a cabo, entre ellos cuatro generales. Que la noche del 7, Betancur asumió por televisión total responsabilidad por lo acontecido. Que la Comisión de la Verdad sobre el Palacio de Justicia produjo un muy serio y juicioso trabajo con importantes conclusiones.
Empero, muchas preguntas están sin respuesta. ¿Hubo vacío de poder? ¿Los mandos militares se impusieron sobre el presidente de la República? ¿Por qué se impidió al Ejecutivo dialogar con los guerrilleros, vía el director de la Cruz Roja, para evitar el baño de sangre? ¿Quién dio la orden de ejecutar la “operación rastrillo”? ¿Qué pasó con las personas desaparecidas?
Estas y otras dudas de esos dos días horribles tienen que ser aclaradas. Si esperamos que por fin haya paz y reconciliación en Colombia, la verdad es un elemento indispensable, como se ha reiterado hasta la saciedad. Las víctimas, sus familiares y el país así lo reclaman.
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