Oficialmente los inversionistas quedaron advertidos acerca del mayor riesgo de la deuda soberana del país. Pero el Estado colombiano siguió cumpliendo puntualmente con todos sus compromisos externos. Incluso en los momentos más álgidos de la crisis, pagó cumplidamente todas sus obligaciones. Fiel a su tradición, jamás evadió un pago o defraudó a un acreedor.
Durante la última década, el Estado colombiano fue capaz de poner en orden las finanzas públicas, maltrechas en parte por los efectos de la crisis de fin de siglo y en parte por el aumento abrupto del gasto público. Aumentó los impuestos. Reformó varias veces el sistema pensional. Modificó el sistema de transferencias. Fortaleció a Ecopetrol. Además, la economía colombiana creció a tasas históricamente altas entre los años 2003 y 2008. Con todo, las finanzas públicas mejoraron ostensiblemente. El déficit del Gobierno Nacional como porcentaje del PIB pasó de casi 8% en 1999 a 4% en 2010.
El nuevo gobierno presentó oportunamente una estrategia fiscal coherente, orientada a manejar de manera responsable los mayores recursos de una previsible bonanza minero-energética: las exportaciones de carbón y petróleo podrían duplicarse en los próximos años. El Gobierno ha propuesto una modificación del régimen de regalías, con el fin de ahorrar una parte y distribuir más equitativamente el resto de los recursos. Ha propuesto también un mecanismo de ahorro automático durante los buenos tiempos, la llamada regla fiscal. Ha logrado aumentar el recaudo tributario de manera importante. Y ha planteado, finalmente, una estrategia de desarrollo basada en cuatro sectores líderes: la minería, la agricultura, la vivienda y las obras de infraestructura.
Los distintos gobiernos ya habían hecho la tarea. Faltaba simplemente la calificación, el “certificado de buena conducta”, como dijo el presidente Santos. El miércoles pasado, la agencia calificadora Standard & Poor’s decidió finalmente devolverle a Colombia el grado de inversión. La verdad sea dicha, los mercados habían hecho lo propio hace un tiempo. La prima de riesgo de la deuda externa colombiana era ya similar desde hace muchos meses a la de países con grado de inversión como Brasil, Perú, México y Panamá. Sea lo que fuere, la restitución del grado de inversión es un logro innegable, un justo reconocimiento, no a un gobierno en particular o a un ministro específicamente, sino a una política de Estado, a una tradición de manejo responsable de las finanzas públicas por parte del Banco de la República y casi todos los gobiernos de las últimas décadas.
Las consecuencias del grado de inversión no serán muchas. No es cierto que ahora, como por arte de magia, la economía colombiana vaya a crecer al 6%. Tampoco lo es que el panorama fiscal esté completamente despejado. Standard & Poor’s advirtió sobre algunos nubarrones: el creciente gasto en salud, los mayores gastos asociados al posconflicto y el inmenso rezago de infraestructura preocupan a los observadores externos. Para terminar, no sobra reiterar lo obvio: el grado de inversión no es un fin en sí mismo. Por sí solo en nada incide sobre las condiciones de vida de la población. En últimas, la calificación definitiva del manejo económico se mide no con base en los dictámenes de las agencias calificadoras de riesgo, sino con base en la mejoría del empleo, la disminución de la pobreza y el aumento en el bienestar general.