Petroleros, arroceros, palmicultores, ganaderos y funcionarios desfilan, uno a uno, por la galería de los potenciales culpables, dependiendo, por supuesto, de la perspectiva y los intereses del acusador de turno.
Sin excusar tampoco de buenas a primeras los efectos que puedan estar generando estas actividades en la región, y sobre todo sus controles, para lo cual se necesita información confiable y no discursos incendiarios, como decíamos en un editorial anterior sobre este mismo tema, lo cierto es que en realidad estamos frente a una tragedia colectiva, de la cual todos, cada uno en su medida, hacemos parte. Es una crisis ecológica y social, exacerbada por el clima —como las que seguirán viniendo, según el informe presentado esta semana por las Naciones Unidas— y atizada por un elemento que no ha sido suficientemente señalado: la limitada financiación de las instituciones que tienen la función de proveer el conocimiento de las ciencias ambientales, en este caso los ecosistemas, la biodiversidad y el ciclo hidrológico.
Algunos se extrañan en este debate de que quienes deberían saber, por su misión o función, no lo sepan. Y se aprestan también a señalar responsabilidades. Hoy el país recurre al único estudio publicado en 2006 por el Instituto Alexander von Humboldt, en el cual se hicieron conteos de los chigüiros en las sabanas de Paz de Ariporo y Hato Corozal, y que concluyó con la recomendación de hacer monitoreo como herramienta fundamental para el manejo. Los recursos para esta tarea, sin embargo, simplemente no fueron asignados. Hoy, para dirimir responsabilidades mayores, los organismos de control del Estado y el control político en el Congreso de la República cuentan con indicios y opiniones, pero no con información y conocimiento.
Más grave resulta saber que la crisis no es sólo un colapso de poblaciones silvestres y domésticas en situación normal. Es una típica crisis exacerbada por la variabilidad extrema del clima. En este sentido, el desconocimiento resulta aún más preocupante. Sobre todo cuando avanza el licenciamiento de actividades productivas que demandan el agua superficial y profunda, sin tener sospecha de si nos aproximamos —o ya pasamos— el umbral sin retorno. ¿A quién podemos pedir opinión sobre la sostenibilidad de los acuíferos del piedemonte? Los habitantes locales de Paz de Ariporo asocian el secamiento de los esteros con las líneas de la sísmica de la exploración del petróleo. Preocupante indicio que no estamos en capacidad de validar desde las ciencias ambientales.
Pero el asunto es muchísimo más grave. La crisis del Casanare, que vemos también como una crisis del conocimiento, surge al tiempo que la Contraloría General de la Nación señala que el sector de ciencia y tecnología e innovación presenta el 71% de los recursos de las regalías sin contratar y un 10% de los proyectos aprobados deben ser ahora “desaprobados”, para devolver $130 millones al Fondo de Ciencia y Tecnología —sólo una parte del billón de pesos que deberá regresar al Sistema General de Regalías—.
Así las cosas, el problema no parece ser de plata. La falta de interés por la ciencia y la tecnología ambiental y la nula innovación institucional para la ejecución de fondos de las regalías petroleras nos convierten en un país rico que actúa como pobre, que no tiene mecanismos para financiar programas de investigación de interés nacional, necesarios para afrontar y enfrentar las ya recurrentes crisis ecológicas, como se ha comprobado con esta última de Casanare. ¡Simplemente inaceptable!