En el comunicado de prensa que anunció el fallo, la Corte aclaró por medio de cuatro puntos —rectificados por expertos en el tema— el camino que debe seguirse: las parejas del mismo sexo conforman una familia; la Constitución del 91 no excluye la posibilidad de un matrimonio homosexual; no es necesaria la procreación para que exista matrimonio; y finalmente, en Colombia ha existido y persiste un déficit de protección para mantener la igualdad frente a las parejas del mismo sexo.
Todo esto apunta a que en el Congreso —y ojalá también en la ciudadanía— se parta de una base sencilla para arrancar la discusión: parejas del mismo o distintos sexos deben ser tratadas de manera igual. Es por eso que los miembros de agrupaciones que defienden los derechos de la comunidad LGBTI se muestran satisfechos con una decisión que, si bien frena la posibilidad de consumar un solo matrimonio en el presente, traza una ruta de acción para el Congreso.
Sin embargo, otra parece ser la respuesta de las autoridades interesadas en el tema. Se quiere legislar y controlar, sí, pero sobre el manto de la intolerancia. Ejemplo de ello es el proyecto de ley tramitado en el Congreso por el representante Miguel Gómez Martínez, del Partido de la U, que pretende regular el tema de parejas homosexuales proponiendo una figura llamada “el pacto de unión civil”. Nada malo en el papel, lo perjudicial es su espíritu. Dice el legislador que esto permitiría solventar muchos de los problemas prácticos que menoscaban los derechos de la comunidad LGBTI, sin afectar las instituciones de la “familia” o del “matrimonio”. ¿No ha dicho la Corte que las uniones gays constituían familia? ¿Acaso la Constitución no deja abierta la posibilidad de un matrimonio igualitario?
La Procuraduría también batalla a contracorriente. Alejandro Ordóñez anunció que está dispuesto a invocar la nulidad del fallo de la Corte debido a que con éste se sustituyen contenidos básicos de la Constitución. ¿Cuáles? Dice Ordóñez, otra vez, que familia y matrimonio. No se saben muy bien las razones de fondo que tiene el procurador ni cómo las va a probar, sobre todo porque la “sustitución de la Constitución”, hasta donde se entiende, se aplica para actos reformatorios de la misma y no para sentencias de la Corte. Habrá que esperar.
Lo cierto es que el debate empezó por donde no era. Los sectores a los que no les parece adecuado el matrimonio igualitario luchan incansablemente por retroceder hacia lugares que el derecho dejó botados hace rato. El debate debió empezar en el Congreso a partir de una pregunta sencilla y consecuente con la sentencia: ¿La unión de parejas homosexuales puede definirse como matrimonio? ¿Cuál es el miedo a llamarlo por su nombre? En vez de preguntárselo, los primeros congresistas que hablaron del tema empezaron diciendo categóricamente que no. Sin siquiera esperar a que empezaran las discusiones sobre este nuevo proyecto de ley, la Procuraduría ya piensa en tumbar la decisión de la Corte. Falta ver qué respuesta tienen otros partidos, sociedad civil y movimientos LGBTI en general. La necesidad de empezar la regulación por ese camino revela un aspecto determinante: el miedo. Ese mismo que no permite avanzar en el reconocimiento de derechos y libertades y que redunda en argumentos cada vez más desvirtuables, que poco a poco deben ser desechados. Ya es hora.