La discusión sobre una comisión internacional de justicia para Colombia empezó mal. El primero en plantearla en público, ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue el canciller Álvaro Leyva. Lo hizo, en sus palabras, a partir de un supuesto entrampamiento contra Jesús Santrich, “lo cual ha ocasionado la conformación de disidencias y el debilitamiento del Acuerdo, (por lo que) se hace necesaria la creación de una comisión internacional de investigación o grupo de expertos independientes”. No estamos de acuerdo con esa lectura, pasando por el hecho de que el mismo Santrich se mostró más que entusiasta en participar en acuerdos de narcotráfico. Sin embargo, varios congresistas y el mismo Gobierno han sugerido no desechar la idea de una comisión del todo. Allí entró el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, a sentar posición clara: “Rechazo completamente esa solicitud”. El debate es, no obstante, más complejo.
Por un lado, es una lástima que la discusión haya empezado por la terca defensa del canciller Leyva a un personaje como Jesús Santrich, traidor de lo pactado en La Habana y que se rearmó para seguir haciéndoles daño a los colombianos. Una cosa son las denuncias realizadas por la Jurisdicción Especial para la Paz contra funcionarios de la Fiscalía sobre el tema, que merecen toda la atención y trámite del caso, pero otra muy distinta es salir a un espacio internacional a argumentar que Colombia necesita una comisión internacional de justicia por ese caso.
Eso parece reconocerlo el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien además fue parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. En tuit reciente se preguntó: “¿Por qué le temen en Colombia a una Comisión Internacional contra la Impunidad, que le ayude a la Fiscalía General de la Nación en la lucha contra la corrupción, incluso limitada a temas como lavado de activos y el gran contrabando vinculado al narcotráfico?”. ¿Está el Gobierno considerando seriamente un pedido de ese nivel?
Claro, la declaración del ministro se hizo después de que el fiscal Barbosa hiciera una dura crítica a la idea. “(Para) lo único que sirvieron esas comisiones en Centroamérica fue para generar una crisis de la justicia en nuestros países. Por algo los sacaron a patadas de Guatemala, de Salvador y de Honduras”, dijo el director del ente investigador. Esa lectura tiene otra versión: las comisiones fueron perseguidas por políticos autoritarios que estaban en profundo descontento con sus avances. No en vano la Comisión guatemalteca, liderada por Velásquez, logró la condena de un presidente de ese país, Otto Pérez Molina, y ayudo a poner tras las rejas a más de 400 personas en casos de corrupción.
Dicho eso, no es muy claro que Colombia, con el aparato institucional que cuenta, necesite una comisión de este estilo. Si se convoca, tendría que partir de un acuerdo nacional amplio que incluya a los sectores de la oposición y, sí, cuente con la colaboración de la Fiscalía. También debería tener un alcance distinto al planteado por el canciller. De lo contrario, estaría llamada a generar más división. La justicia no puede caer en los juegos de la política.
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