Petro afirma que el precio se verá reflejado en la próxima factura. Haciendo cuentas, el mandatario afirma que el estrato uno ahorrará, en promedio, 8 mil 463 pesos al mes, mientras que el dos ahorraría, cada dos meses, aproximadamente 20 mil pesos.
Al parecer el alcalde Petro cumplirá con su promesa, que durante la campaña padeció la incredulidad de sus rivales. ¿Qué implica este nuevo régimen para la ciudad? En primera medida, y sólo bajo la lupa del derecho, la ciudad de Bogotá estaría cumpliendo con algunas directrices que se desprenden del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre ellas: “asegurar el acceso a una cantidad mínima esencial de agua que sea suficiente y salubre”. Como lo enuncia un amplio informe de la Defensoría del Pueblo sobre el tema. El derecho al agua es básico —que permite la realización de otros tantos— y está consagrado en el derecho internacional. Ante esto no hay discusión.
Habrá que centrarse en la forma de implementar la política. Dos problemas tendrá que enfrentar. El primero es cuidar las saludables finanzas del Acueducto de Bogotá. Pese a que hasta ahora no se ha presentado una oposición técnica contundente, es claro que la gratuidad de una cantidad mínima se verá reflejada de alguna forma en el modelo económico que el Acueducto tiene, pese al cruce de cuentas que Petro ha propuesto, a saber, la extracción de esa plata que saldrá de las arcas del Distrito directamente a la entidad. El otro se encuentra en la gratuidad misma del servicio: algunos expertos consultados por este diario han manifestado que sin una cultura ciudadana detrás de la efectividad del derecho (una cantidad de agua gratis), habrá no sólo un progresivo mal entendimiento del pago (es decir, del deber que se desprende del derecho), sino posiblemente también una clientela ciudadana que irá detrás de más y más dádivas. El alcalde, como hombre público que emprende una gran política reformista, deberá cuidarse de estos dos fantasmas.
Pero por otro lado, quisiéramos enfocarnos en un asunto general y de más envergadura: la política (en este país ausente) integral del agua. No solamente fijarse en la gratuidad del servicio, una punta del iceberg del problema, aun así fundamental, sino en lo que viene después: el uso eficiente del agua. Una política a largo plazo que no solamente se quede en el derecho particular, sino que se concentre en tres aspectos fundamentales: la necesidad de retribuir económicamente a las áreas fundamentales que proveen el agua, el manejo del territorio (las viviendas alrededor de los ríos, entre otros) y tomar las decisiones correctas para el futuro impacto del cambio climático que ya prevé que habrá menos agua para la Sabana de Bogotá.
Apoyamos la iniciativa del alcalde. Esperamos, a la vez, que esta prestación básica y particular sea el inicio de un largo camino, del llamado ‘eje fundamental del agua’ que contemple un marco más amplio para visualizar un elemento primordial en la vida de las personas. También eso, hay que decirlo, fue parte de la promesa de gestión. Lo que pasa es que quizás su aplicación no dé réditos políticos inmediatos como esta primera piedra. Ojalá el camino continúe. Y que el debate se extienda a nivel nacional, lo cual también sería positivo. La hora de coger las riendas del agua puede estar llegando. Enhorabuena.