Los estudiantes barranquilleros le dieron pistas al país entero sobre cómo se pueden organizar manifestaciones multitudinarias sin que estas sean infiltradas por vándalos. En la árida discusión entre la Fuerza Pública y quienes defienden el derecho a la protesta, que se viene dando en el último mes en Bogotá y otras ciudades de Colombia, la clave puede estar en el diálogo, la transparencia y un compromiso estatal más allá de la reacción y represión.
Contrasta Barranquilla con varias imágenes vistas en Bogotá. Mientras en la capital del país hubo ataques a locales comerciales y monumentos, en el marco de concurridas manifestaciones entre estudiantes de universidades públicas y privadas, en la costa no hubo un solo problema el jueves de la semana pasada. Unos 6.000 estudiantes se tomaron las calles, consiguieron la renuncia del rector de la Universidad del Atlántico, Carlos Prasca, y no tuvieron que enfrentarse al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional, que ha protagonizado lamentables hechos de abuso de autoridad en las últimas protestas.
Aunque sea difícil para algunos sectores políticos, en particular las autoridades, diferenciar entre vándalos y manifestantes, la distinción es esencial. Lo hemos dicho y lo repetiremos las veces que sean necesarias: los estudiantes que se han tomado las calles de la capital colombiana tienen derecho a manifestarse. Que unos cuantos vándalos causen disturbios no debe opacar el mensaje de los miles que se han movilizado.
El reto, entonces, recae principalmente sobre las autoridades. El Esmad, en su actuar de represión, se ve como una amenaza constante y síntoma de un Estado que reacciona, mas no previene. Hay otra manera de hacer las cosas.
Volvemos a Barranquilla. Antes de la manifestación, los líderes estudiantiles se reunieron con la Policía y llegaron a dos acuerdos: no a la presencia del Esmad, sí al acompañamiento de la Policía y a entregar de antemano los horarios y espacios que iban a ocupar. Ambas partes cumplieron y el resultado fue ejemplar. ¿Van a decir, acaso, que algo por ese estilo no puede replicarse en Bogotá y en las otras ciudades donde ha habido vandalismo?
Por supuesto, la negociación también pasa por los estudiantes y por quienes se vayan a manifestar. Para garantizar que sus reclamos no se vean silenciados, ellos mismos pueden utilizar todas las herramientas para llegar a acuerdos con las autoridades y evitar las infiltraciones. Dialogar es la clave.
Una regulación de la protesta social a las malas, como la que se ha planteado desde el Ministerio de Defensa y que resurge cada vez que hay actos de vandalismo, es persistir en la confrontación entre manifestantes y el Estado. Partiendo de la base de que todos los involucrados quieren ejercer sus derechos sin afectar indebidamente los de los demás ciudadanos, no es necesaria una ley: basta con entablar mesas de conversaciones que permitan mayor coordinación, así como el empoderamiento de los líderes de las protestas.
Noviembre será un mes con varias manifestaciones y Barranquilla ya le puso un reto al resto del país: ¿podremos emular su pacifismo?
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