Obstáculos inmensos que él, con su larga trayectoria política y experiencia, podría sortear de la mejor manera: demostrar que un antiguo alzado en armas puede tener un compromiso institucional y real para mejorar a la sociedad, sacar a Bogotá de la crisis actual en la que la sumergió el alcalde anterior, Samuel Moreno, y, por supuesto, llevar a cabo sus ambiciosas políticas sociales que tanta controversia han suscitado por el tema del presupuesto.
La labor del alcalde electo excede, sin embargo, sus límites de tiempo como funcionario público, que empezarían el próximo 1º de enero. Su compromiso comenzó desde que nombró la comisión de empalme con la administración anterior: 134 personas divididas en 34 grupos (gestión pública, gobierno, seguridad y convivencia, hacienda, planeación, entre otras áreas) que se reunirán con los secretarios correspondientes para saber de los temas de la ciudad. Muy importante. Es por eso que la comisión de empalme debe tener a una serie de personas expertas en las distintas problemáticas y a las que se les pueda confiar, con lujo de detalles, las diferentes situaciones administrativas que atraviesa la capital.
Revisando entre los nombres posibles (muchos de ellos técnicos, expertos de altas calidades), hay uno que preocupa: Alejandro Botero, exsubcontratista del Distrito, ligado en su época con el empresario Julio Gómez, a quien la Fiscalía le ha imputado cargos por el desfalco multimillonario que vivió el Distrito durante los últimos años. ¿Por qué lo nombra Petro? Porque fue, a dicho del alcalde electo, un testigo clave del escándalo y quien mejor conoce la inmensa corrupción que se vivió en el pasado mandato. A primera vista suena bien. Lo que Petro no dice —pero no desconoce tampoco, ya que es imposible que no lo sepa— es que Botero denunció al llamado ‘carrusel de la contratación’ no por un sentido moralista y honesto de lucha frontal contra la corrupción, sino por unos pagos que, dice, Emilio Tapias y Julio Gómez no le dieron. La situación cambia en ese sentido y, por tanto, debe verse desde la perspectiva completa: es peligroso que una persona involucrada directamente en el desfalco al Distrito —no implicada, ya que la justicia no se ha pronunciado— esté en contacto cercano con los temas de gestión pública del empalme.
Ricardo Bonilla, asesor de Petro, ha dicho que el nombramiento de Botero puede considerarse como un “riesgo político” pero que, primero, no necesariamente se trata de un nombramiento en el futuro equipo de trabajo y, segundo, es mejor verlo desde el lado de la lucha contra la corrupción. Dos puntos que, por supuesto, no son alentadores. En primera medida, porque la comisión de empalme podría verse como una antesala del equipo de gobierno y, porque, desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción, sólo pueden verse, por parte de Botero, intereses privados (él mismo lo ha dicho), alejados de una verdadera causa altruista. Preocupa más cuando, por ser inherente a su posición nueva, se sabe que tendrá acceso a información privilegiada.
Petro deberá rodearse de gente excelente para su gestión. La lupa, la veeduría ciudadana de sus malquerientes, el ojo atento de la derecha que lo quiere por fuera, van a estar contra él durante los años que dure su mandato. Debe servirle como ejemplo la campaña de desprestigio que sufrió durante su candidatura. No puede confiarse demasiado en su experiencia y, para ello, debe estar bien acompañado de gente sin sospechas de ningún tipo. Es preocupante que esté dando este paso, ya que, en aras de la verdad, no se puede recurrir a cualquier medio. Él, como víctima que dice ser de las llamadas ‘chuzadas’, debería saberlo de antemano.