La cosa, simplificada burdamente, se trata más o menos de lo siguiente: la reforma sancionada hace dos años por el presidente Juan Manuel Santos dejó a las regiones productoras sin una buena parte de las regalías que tenían, cosa que les ha hecho recortar los presupuestos destinados a sus distintas obras (aunque parte del dinero, no sobra decirlo, se ha desperdiciado). Ante esto se viene pensando en una serie de correctivos: primero, solicitar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) la revisión de la liquidación de lo que se llama “el margen de comercialización”, de donde pueden sacar una buena suma de dinero para las regiones productoras.
Por la misma vía va un decreto que se expidió hace poco más de 20 días, donde está consignada una norma transitoria que, de acuerdo con lo que piensa el Gobierno, enmendaría un poco las cosas: cuando el departamento productor reciba como asignación directa menos del 50% de lo que venía recibiendo antes de dicha reforma, será compensado con recursos que vengan del Fondo de Desarrollo Regional.
Pero la reforma que el presidente sancionó hace dos años continúa: tallarla en mármol en la Constitución no permite que las normas transitorias la contradigan. Antes decreto, hoy es norma constitucional y eso implica que debe hacerse una reforma estructural para que la política pública, en su fondo, que es lo que finalmente importa, cambie. Un error desde un principio pensar que una disposición que podía generar problemas de implementación (como estos) haya sido puesta a este nivel tan alto dentro del sistema jurídico colombiano. Para el año siguiente el impacto en las regiones productoras va a ser mucho mayor, pues el régimen de transición que contemplaba la ley llega a su fin.
Así que el eterno problema de las regalías será solucionado modificando de nuevo la Constitución, cosa que podría alargarse bastante. Dos legislaturas enteras. Mientras tanto, será un hecho que las regiones productoras sufran más recortes que las afecten. El peligro es que ese efecto pueda llevarnos, en la propuesta de enmienda, al estado de cosas anterior. A como estaban las regalías, que se repartían —y malgastaban— antes.
Posiblemente se esté pensando (y es mejor pensarlo bien) en corregir la forma pero no en el fondo: hacer la reforma constitucional para regular las regalías por medio de una norma sin vocación de permanencia y planear una nueva ley que arregle las cosas en beneficio proporcional, tanto de las regiones productoras, como de las que no lo son. Porque la situación actual, sí, es insostenible: ha dicho el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Alejandro Martínez, que en las regiones se ha venido sintiendo una sensación de despojo progresiva. Complicado.
La pregunta, sin embargo, es ¿qué hacer finalmente para que se dé un buen resultado? Un espinoso camino ha tenido que enfrentar este tema de las regalías: desde que los municipios no las saben manejar por la corrupción en las regiones, hasta esto, que las zonas productoras se queden sin nada, y asumiendo todos los costos el territorio y su gente. ¿Cómo lograr el equilibrio, entonces? Esa es la papa caliente que el gobierno entrante tendrá que manejar.