Como contó ayer El Espectador, la Fiscalía se prepara para, a finales de febrero, imputar cargos contra César Ronaldo Carreño e Iván Darío Arce, empresarios de la firma Ticketshop, como presuntos responsables de los delitos de agiotaje (especulación para modificar los precios de los productos), concierto para delinquir y ofrecimiento engañoso de productos y servicios. También llamará a interrogatorio a Elías Yamhure y Rodrigo Rendón Cano, socios de la firma Tu Ticket Ya. ¿El motivo? La reventa ilegal de boletas para los partidos durante la eliminatoria rumbo al Mundial Rusia 2018.
El tema no es nuevo. Gracias a la intervención oportuna de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en el último partido de la eliminatoria contra Paraguay no se pudo repetir el fenómeno de la reventa. Sin embargo, como contó la SIC en aquel momento, el negocio ya había sido redondo.
Según la Fiscalía, en el partido contra Brasil, donde las denuncias ciudadanas pusieron el tema en el mapa, 3.353 boletas fueron revendidas y las utilidades económicas de esta transacción irregular fueron superiores a los $576 millones. Se alcanzaron a dar sobrecostos superiores al 333 % en boletas. Los datos de la SIC indican que, en un total de ocho partidos, se desviaron 42.221 boletas; el aforo completo del Estadio Metropolitano de Barranquilla. Para ubicar esa cifra, basta con decir que uno de cada ocho espectadores que fue a ver la selección lo hizo pagando boletas por reventa.
Todavía son muchas las preguntas que faltan por responder. Pero, en las investigaciones preliminares, todo parece indicar que Ticketshop se alió a escondidas con Ticket Ya y su propuesta fue seleccionada por la Federación Colombiana de Fútbol para encargarse de la boletería, aunque un estudio de expertos indicaba que había otras dos empresas con mejor capacidad de desempeñar esa función. El valor del contrato por derechos exclusivos para la venta de boletas fue de $40.124 millones.
César Carreño ya admitió que la cuota de boletas que se desviaban a socios de Ticket Ya era entre 3.000 y 5.000. Aunque se decía que iban para clientes corporativos o cortesías, la realidad es que tenían como propósito ser revendidas.
El resultado es que los aficionados terminaron pagando muchísimo más de lo debido por las entradas, lo que, además de ser una vulneración a la libre competencia, es una traición a quienes acompañan a la selección Colombia en todos sus procesos. ¿Cómo es posible que se haya permitido que algo así ocurriera? ¿Faltan más responsables? ¿Qué medidas se están tomando para que no se repita la historia? En vísperas de iniciar una nueva eliminatoria, son preguntas que deben tener respuestas urgentes.
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