Hoy se sabe que por bien manejados que estén tienen impactos sociales y ambientales nocivos. Por eso, en el contexto global se viene impulsando una estrategia de tres erres: reducir, reutilizar y reciclar los residuos. De aplicarla no desaparecerían los rellenos, pero los volúmenes de basura que les llegarían serían mucho menores y sus efectos más controlables.
Bogotá produce aproximadamente 5.800 toneladas diarias de residuos sólidos, que se llevan al relleno Doña Juana. Allí, la basura se mantiene a la intemperie durante mucho tiempo, se genera un exceso de lixiviados (los líquidos contaminantes que supuran los residuos), proliferan los difusores de infecciones (insectos, roedores), hay emanación de malos olores en kilómetros a la redonda, contaminación de acuíferos subterráneos, propagación de enfermedades y afectación de la estabilidad de las estructuras geomorfológicas. De los 20 litros por segundo de lixiviados generados sólo se procesan ocho, y sin cumplir los estándares de la norma ambiental. La tarea de apisonar y compactar la basura, que prolonga la vida útil del relleno, se adelanta deficientemente.
En estas circunstancias, el Distrito debe orientar la licitación en trámite a seleccionar un contratista que garantice un servicio de óptima calidad, a precios razonables. El nuevo operador debe aportar experiencia, know how, capacidad de innovación e incorporación de tecnologías y métodos a la altura de las mejores prácticas mundiales.
Infortunadamente, la licitación se distrae por otros rumbos. Al comienzo no hacía exigencias sobre la calidad de la experiencia de los proponentes. Ahora deben presentar una certificación de un anterior contratante en que conste que su desempeño ha sido bueno o excelente. Entre esto y nada no hay gran diferencia.
La licitación no se difundió oportunamente en el plano internacional. Eso, unido a la brevedad de los plazos para presentar ofertas, dificulta que participen empresas foráneas competentes. Las que lo hagan seguramente tendrán que involucrarse en combinaciones corporativas o remunerar los servicios de agentes que, en otras circunstancias, hubieran sido innecesarios.
Se les exige a los proponentes haber operado rellenos de la misma magnitud al de Doña Juana, lo que impide la participación de empresas de mucha idoneidad pero cuya escala de actividades no ha sido tan grande. Además, los proponentes deben reunir un capital de trabajo ($32 mil millones) y un patrimonio ($229 mil millones), o un acceso a cupos de crédito ($80 mil millones), que son desproporcionados para la naturaleza del negocio. En éste, es el flujo de las tarifas pagadas por los usuarios el que proporciona los recursos para la operación y la inversión, y lo que se le debe exigir al contratista, más que músculo financiero, es capacidad y experiencia técnica de calidad.
Mientras se ponen estas barreras, se le facilita el camino a Aguas de Bogotá S.A., la empresa de propiedad del Acueducto capitalino que está al frente de Doña Juana. Inicialmente, la experiencia de los proponentes no tenía que haber durado un lapso mínimo: bastaba haber manejado un relleno grande por un día para quedar habilitado. Ahora es necesario que dicha experiencia sea, a lo mínimo, de seis meses. Y sucede que Aguas de Bogotá S.A. cumplirá esos seis meses como operadora de Doña Juana, ¡ocho días antes de que cumpla el plazo para presentarse a la licitación!
Aguas de Bogotá era un operador de acueducto que nunca había ejercido la operación de ninguna clase de servicio hasta ahora. De hecho, no aparece registrada como empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios en el Sistema Único de Información de los Servicios Públicos (SUI), ni forma parte del Registro Único de Prestadores (RUPS).
Finalmente, no deja de ser curioso que cuando existía consenso en ceder al sector privado el servicio de recolección y manejo de basuras por eficacia e incentivos de riesgo, ahora lo vaya a asumir de nuevo el sector estatal. ¿Cómo se va a exigir al concesionario que cumpla, cuando el mismo Distrito será el operario? En el caso de la aplicación de multas, ¿cómo forzar al Distrito a que las pague? ¿Cómo hará el Distrito para ser juez y parte? ¿Vamos camino a que la malhadada experiencia de la antigua Edis, que llevó al consenso sobre la privatización de este servicio, se vuelva a imponer como modelo?