Éste proyecta una caída significativa de los ingresos de la Nación en 2010. Y contempla un mayor endeudamiento público, una disminución de la inversión y el congelamiento de algunos programas sociales, como Familias en Acción. Además, el Marco plantea la necesidad de aumentar los impuestos para cubrir el componente permanente del gasto militar que quedaría desfinanciado una vez expire el impuesto al patrimonio en 2011.
El Presidente de la República anunció que, en julio próximo, presentará al Congreso un proyecto orientado a conseguir los recursos necesarios para la financiación futura del gasto militar. El Ministro ha reiterado la intención del Presidente y anunciado que el nuevo proyecto buscará recursos por un billón de pesos. Los anuncios oficiales han abierto un debate necesario sobre quién debe pagar por la Seguridad Democrática. Algunos sectores han planteado la necesidad de prolongar el impuesto al patrimonio. Otros han sugerido que se deben explorar otras alternativas, como el aumento del impuesto de renta o la eliminación de algunas de las exenciones tributarias.
El debate tributario apenas comienza. Pero varios puntos están claros desde ya. Primero, el Gobierno ha subestimado la magnitud del problema fiscal. El Ministro de Hacienda ha sido enfático en manifestar que sólo se requiere un billón de pesos. Pero si así fuera no habría necesidad de una nueva reforma tributaria. Las necesidades reales son mayores. La expansión acelerada de algunos programas sociales fue financiada con ingresos extraordinarios. El gasto militar no va a disminuir. Los gastos del posconflicto seguirán creciendo. Y encima de todo, el Gobierno decidió desde hace un tiempo regalar impuestos para estimular la inversión privada. En suma, el aumento de impuestos será seguramente mayor que el anunciado.
Un segundo punto tiene que ver con la pérdida de margen de maniobra fiscal. Muchos de los grandes contribuyentes han firmado pactos de estabilidad y han quedado, por lo tanto, eximidos de los nuevos impuestos. Otros lo harán rápidamente durante los próximos meses para blindarse antes de la reforma en ciernes. Si el Gobierno pretende prolongar el impuesto al patrimonio, muchas empresas no pagarían un peso, están blindadas por contratos a diez o veinte años. Así las cosas, el Gobierno deberá recurrir a otras alternativas, al aumento de los impuestos a las personas o al IVA, ambas bastante impopulares.
El tercer punto alude a la viabilidad fiscal de la estrategia general del Gobierno. La Seguridad Democrática (que implica mayor gasto militar), la confianza inversionista (que implica mayores exenciones tributarias) y la cohesión social (que implica mayor gasto en programas asistenciales) no parecen viables fiscalmente. Lo fueron en la época de alto crecimiento. Pero no lo son ahora que la economía está creciendo por debajo de su promedio histórico. Y que, según las mismas cifras oficiales, no volverá a crecer rápidamente hasta pasado el año 2015.
El debate fiscal está planteado. Los mayores impuestos son inevitables. Y probablemente el retorno del equilibrio fiscal requiere un replanteamiento a fondo de algunas de las políticas oficiales. El Gobierno debería, al menos, reconocer la dimensión del problema y la dificultad de las soluciones.