El aumento exponencial de cultivos de coca en el país, que alcanzaron niveles históricos en 2017, da cuenta de la complejidad y magnitud de un problema que exige no solamente el compromiso del Estado colombiano y un enfoque verdaderamente integral, sino que también requiere de la cooperación de la comunidad internacional. Es hora de que los países del mundo afronten la lucha contra las drogas como un problema global, tanto de aquellos que son productores como de los consumidores.
Un informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP, por sus siglas en inglés) reveló esta semana que los cultivos de coca en Colombia alcanzaron en 2017 las 209.000 hectáreas, lo que significa un aumento del 11 % respecto de las cifras de 2016, cuando las hectáreas sembradas, según Estados Unidos, fueron 188.000.
La apuesta del actual, pero sobre todo del próximo Gobierno, debe ser por una estrategia que incluya la salud pública, la política criminal, la política exterior, el desarrollo rural y, en particular, los proyectos de sustitución de cultivos, que no terminan de despegar. El apoyo a los pequeños cultivadores con infraestructura, recursos, tecnología y oportunidades de comercialización es vital si queremos romper el primer eslabón de la cadena.
El mismo día que se conoció el informe de la ONDCP, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció que entregará al Consejo Nacional de Estupefacientes un proyecto para reanudar las fumigaciones con glifosato por medio de drones, en lugar de aviones, como se hacía antes de 2015, cuando fue prohibido por sus efectos nocivos para la salud y el ambiente, tras un fallo de la Corte Constitucional. Según Villegas, los drones “tienen la mitad de la concentración del veneno que tenían los aviones”, por lo cual “los riesgos para las personas y el medio ambiente son bastante mitigables”. ¿No debería primar, más bien, el principio de precaución en estos casos? Cabe preguntarse, además, cómo se mitigarán estos riesgos si el Estado sigue sin hacer presencia en muchas de estas poblaciones y cómo podrían los daños ambientales afectar negativamente los programas de sustitución.
Más aún, preocupan los pronósticos de los expertos respecto a la efectividad de la fumigación. Según el director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, Néstor Rosanía, experiencias pasadas han demostrado que, aunque es indiscutible que el glifosato reduce el número de hectáreas, esto a su vez aumenta los precios de comercialización de la droga, creando incentivos para talar selva y sembrar nuevos cultivos. La fumigación no acabará con el problema.
Colombia debe redoblar esfuerzos y seguir mostrando el mismo compromiso, sí, pero es hora de que los países consumidores también tomen cartas en el asunto. Como señaló Rosanía en diálogo con Caracol Radio, no es un problema simplemente de narcotráfico, sino de drogas ilícitas, cuyos eslabones incluyen no sólo el cultivo y el procesamiento, en los que el país tiene una participación preponderante a nivel mundial, sino también el tráfico, la comercialización en calle, el consumo y el lavado de activos.
Es muy diciente el último Informe Mundial sobre Drogas, de Naciones Unidas, que se dio a conocer ayer, según el cual la producción y el mercado mundial de opio y cocaína se encuentran en máximos históricos, los estupefacientes sintéticos se expanden y los fallecimientos por consumo de drogas están en aumento. A raíz del informe, el director de la ONDCP, Jim Carroll, dijo que el consumo de cocaína en EE. UU. se había disparado, con un incremento del 81 % entre nuevos usuarios de la droga entre el 2013 y el 2016; las muertes por sobredosis asociadas al consumo de coca crecieron 110 % en ese mismo período. Es claro que deben asumir un grado de responsabilidad y tomar acciones en sus contextos locales. Que los países consumidores y de tránsito reconozcan que es un asunto global y no ajeno es el primer paso para afrontar el problema.
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