En muchas grandes ciudades se experimenta un triunfo de la legitimidad democrática, del triunfo del voto por encima de las mafias y las compras masivas de conciencia. El caso de Bogotá donde, por ejemplo, el voto de opinión lució imbatible frente al estratégico; o en Medellín y en Cali, en donde unos candidatos —en medio de altas preocupaciones por parte de analistas, la prensa y la ciudadanía en general— derrotaron a otros sobre los que se tejía un manto de duda demasiado grande.
En la periferia, sin embargo, estos mismos triunfos no se replicaron de igual forma. En muchos otros municipios menores sí caben cuestionamientos fuertes sobre la elección de nuestros gobernantes. Habrá que seguir con las campañas de transparencia (unas muy fuertes se vivieron en este último período), fortaleciéndolas con cada batalla electoral que se libra.
Dejando a un lado esto, quisiéramos decir que los retos que se vienen en los ámbitos local y departamental son gigantescos. Aparte de tener que cumplir las metas que se trazaron en sus programas de gobierno, que es lo obvio, tendrán a su vez que atender otros asuntos. En Bogotá, por ejemplo, el gran reto del alcalde electo, Gustavo Petro (aparte de lidiar con altura todas las críticas que le harán durante su gobierno), será sacar a la ciudad de la crisis en la que está inmersa: de infraestructura, por el invierno, de transporte masivo, entre otros temas.
También los nuevos gobernantes deberán afrontar las problemáticas transversales: la desastrosa ola invernal que, en dos tiempos, dejó a miles en la calle. El enfoque territorial como una política de Estado —que mencionamos en estas líneas el día de ayer—. Y, por supuesto, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, asunto que es fundamental para la reconciliación y para labrar un verdadero camino hacia la reparación. Esta ley es aplicable, exclusivamente, a nivel local y los nuevos gobernantes deberán ponerse al día con esta obligación que hacen suya la siguiente semana. Por último, se nos antoja decir que los partidos dueños de estas plazas deberían afianzar la fuerza ideológica, institucional y política de sus colectividades, en un contacto más cercano con la ciudadanía. La mayoría de partidos en este país están muy debilitados y eso constituye una inestabilidad institucional de gran escala. La representatividad, por tanto, debe mantenerse.
Una responsabilidad correlativa se cierne encima de la ciudadanía. El poder ciudadano, un actor político imprescindible en una democracia seria (que estaba un tanto apagado en nuestro país, hay que decirlo), despertó con mucha fuerza con las movilizaciones estudiantiles que experimentamos este año. Ojalá los ciudadanos pudieran tomar más en serio su rol y hacerse de protestas similares que minen en las propuestas, los planes de gobierno y las actuaciones de nuestros gobernantes. Un ojo crítico y constructivo es infinitamente mejor que uno pasivo.
En suma, abogamos para que en este año que llega haya una renovación en el mapa político del país. Hacemos, pues, un llamado a que se contrasten las ideas, a que los partidos no se sumerjan en un unanimismo ciego y que a nivel local se logren los cambios particulares y transversales que este país, desde hace mucho tiempo, demanda casi a gritos. Es un llamado a honrar esa capacidad de autodeterminación de los municipios que se logró con esfuerzo hace 25 años.