Al respecto no está de más recordar que en época electoral, aquí y allá, no conviene pisar cascaritas, para no caer en provocaciones innecesarias o en afirmaciones destempladas.
En primer lugar, hay que reiterar la clara diferencia entre un gobierno que escora hacia el autoritarismo y la mayoría de la población venezolana que no cohonesta las acciones belicosas de su presidente sino que expresa su solidaridad con los colombianos, allá y acá, ante los gestos y las arremetidas contra Colombia, su gobierno y sus ciudadanos.
Chávez vive su propio calvario interno debido a la galopante inseguridad, el gravísimo problema de los cortes de electricidad y de agua, así como su baja de popularidad en las encuestas, lo cual seguramente tendrá una incidencia directa en las elecciones para la Asamblea Nacional de septiembre. La oposición, por su parte, ha obrado con buen criterio y la posibilidad de llevar candidatos únicos a los comicios haría prever que el partido de gobierno, el PSUV, va a perder una buena tajada parlamentaria.
Es en este escenario en el cual Chávez recurre una vez más al manido argumento del temor frente a la amenaza externa para cohesionar a sus huestes. Mientras tanto, en las últimas semanas se detiene arbitrariamente a cerca de treinta colombianos acusándolos de paramilitarismo, o de espionaje, negándoles de paso el debido proceso dado que sus casos son tratados por un sistema judicial supeditado a las órdenes del Ejecutivo. Coincidencialmente, el primer mandatario saca a desfilar a unos treinta mil “milicianos” armados y juramenta a un bodrio denominado “guerrillas comunicacionales” en el mejor estilo, y como acertadamente lo señalara el analista Teodoro Petkoff, del nazismo hitleriano.
Del lado colombiano, la Cancillería sigue obrando con muy buen criterio en el manejo del tema bilateral. Emitió, como le correspondía, un comunicado que alerta frente a los eventuales problemas que podrían afrontar los visitantes colombianos en Venezuela. Sin embargo, el mismo tuvo una versión corregida y aumentada por parte del vicepresidente Santos. Expresiones tales como que por ser colombiano en el país vecino a uno “lo arrestan o lo matan”, no son afortunadas ni corresponden al sentido de la alerta emitida.
Los miles de colombianos que allá viajan, o viven, por motivos de trabajo o que van por turismo, tienen que enfrentarse más bien a una inflación galopante, a estar sin agua y sin luz, dentro del deterioro cotidiano de su calidad de vida. O, en el peor de los casos, ser víctimas de una angustiante inseguridad que cada fin de semana se cobra la vida de unas sesenta personas, tan solo en Caracas, sin distinguir nacionalidad o condición social. Esta es la dolorosa y triste realidad.
Noticias recientes, como que nuestro país ha logrado diversificar mercados para unos US$2.000 millones de lo que se exportaba a Venezuela deben ser, junto al manejo diplomático que a la importante relación bilateral da el canciller Bermúdez, la constante en nuestra actuación internacional. Que otros actores gubernamentales, como el vicepresidente Santos o el ministro de Defensa, Gabriel Silva, intervengan en espacios que están reservados a la diplomacia, para agriar las relaciones colombo-venezolanas, no es prudente. Tanto menos cuando abren la posibilidad a que algún suspicaz piense, lo cual no creemos posible, que sus declaraciones pueden tener la intención de picar la lengua al vecino gobierno para que con sus ataques flamígeros termine favoreciendo a algún candidato presidencial en Colombia.