En un esfuerzo de colaboración periodística admirable, el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés) empezó a publicar los hallazgos a partir de una filtración de documentos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, especializada en ayudar a sus clientes a establecer empresas en paraísos fiscales, muchas de ellas, todo lo indica, de papel. Con periodistas de más de 65 países involucrados, esta revelación promete ser el mejor vistazo que el mundo ha tenido a ese tipo de negocios. Aunque no hay motivos —por ahora— para pensar que los involucrados colombianos han infringido la ley, es inevitable relacionar el ocultamiento de capitales y las maniobras para evadir el pago justo de impuestos que este escándalo pone de presente justo ahora cuando el Gobierno está terminando de diseñar una reforma tributaria para aumentar el recaudo.
Por lo que sabemos hasta ahora (y con tantos documentos filtrados, seguiremos enterándonos de más en los próximos meses), Mossack Fonseca tenía clientes en todo el mundo, a los cuales les facilitaba crear empresas en lugares como Panamá y las Islas Vírgenes, donde la carga tributaria es nula comparada con los países de origen o de trabajo de quienes buscan esos servicios. En castizo, el problema es que las personas pueden decir que tienen una empresa en esos territorios para, entre otras cosas, evitar que les cobren impuestos en el país donde reciben sus ingresos. Según ICIJ, esa práctica se torna aún más perversa cuando se considera que el secretismo de los paraísos fiscales sirve de manto para quienes financian el terrorismo o, en el caso de Siria, al Gobierno, evitando las sanciones internacionales.
Ahora, tener una compañía creada en un paraíso fiscal no necesariamente es ilegal. Siempre y cuando su existencia se declare en la DIAN (para hablar del caso colombiano) y no se trate de dinero de origen ilícito, no hay una prohibición. Alfredo Ramos Maya, senador del Centro Democrático y cuyo nombre apareció en los archivos filtrados, explicó que es mucho más atractivo crear un “holding” en Panamá pues “la antigüedad de las normas colombianas, la cantidad de trámites a los que se obliga, las altas tasas de tributación, los altos costos administrativos que representa la etapa previa a la constitución de las compañías, los riesgos asociados a los fenómenos cambiarios, los pagos anticipados de ICA y liquidación de renta presuntiva, son sobradas razones objetivas por las cuales los potenciales socios internacionales prefirieron crear este vehículo de inversión a través de Panamá y no en Colombia”. Puede ser, y ese razonamiento es el de muchos empresarios.
El problema es que el secretismo sí genera muchos riesgos de lavado de activos y evasión de impuestos. Después de que el gobierno colombiano declarara a Panamá como paraíso fiscal en 2014, y luego se echara para atrás por los temores a medidas de retorsión contra Colombia, los dos países iniciaron una negociación para evitar ese rótulo a cambio de mayor acceso a la información financiera de quienes tienen empresas en ese país y posiblemente las estén usando para sacudirse la carga tributaria. La negociación, sin embargo, no avanza, y ahora sabemos, por esta filtración, que varios de los principales negociadores de Panamá están profundamente involucrados en el negocio de estas empresas “de papel”. ¿Cuánto le está costando al país esa negociación? ¿Más o menos de lo que costarían esas medidas de retorsión? ¿Alguien ha hecho ese cálculo para tomar decisiones si se hace claro que Panamá no cederá en romper con el secreto bancario? ¿No tenemos poder de negociación?
El debate cobra especial relevancia, repetimos, en vísperas de una reforma tributaria que promete apretar el cinturón y pedirles mayores contribuciones a todos los colombianos. No puede ser que, a sabiendas de todos estos huecos por donde quienes tienen más recursos y acceso a estas jugadas non sanctas dejan de tributar lo justo, el Estado siga campante, diseñando cómo gravar a los que ejercen su vida económica a la luz y sobre la mesa.
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