Un comunicado emitido hace ocho días por el Palacio de Nariño ha abierto paso a un degradante toma y daca entre los máximos poderes, que mantiene al país consternado y, más que eso, inseguro del buen juicio de sus líderes.
No se trata de una confrontación nueva. La pugnacidad entre el gobierno del presidente Uribe y la Corte Suprema de Justicia viene desde hace rato y en varios momentos ha sobrepasado los límites que impone el arreglo institucional. Esta semana, sin embargo, la disputa ha tomado visos de una guerra casi personal, en la que empiezan a tomar partido otros poderes públicos —o, para ser exactos, sus representantes temporales—. Y así, mostrándose los dientes los unos a los otros, el país transita en medio de una verdadera batalla campal de pronóstico reservado.
La Unidad de Investigación y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (UIAF) informó en su comunicado haber encontrado “actividades ilícitas donde podrían verse involucrados algunos magistrados”, escudando en la reserva tan peligrosa generalización. Los magistrados, que después se ha sabido son tres más un ex, tendrán que aclarar ante la justicia sus operaciones sospechosas, pero con el comunicado se tendió ya un manto de duda sobre la Corte y las decisiones que ha tomado y las que debe seguir tomando. El Fiscal General, que también resulta señalado por el comunicado pues allí llegó el reporte de la UIAF y no dio traslado a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, lo desvirtuó pues, según dijo, los fiscales consideraron que no existe “elemento, evidencia, ni información, independiente a si fue obtenida legal o ilegalmente, que llevara a suponer conducta punible de parte de los magistrados”. En defensa de la UIAF, sin embargo, está el argumento del afán del Gobierno por investigar y develar la penetración de las mafias, también en la justicia. Y hasta razón tienen.
La Corte Suprema, justo cuando se venían superando los últimos escollos del paso avasallante por el Congreso del referendo para permitir la segunda reelección inmediata del presidente Uribe, aguó la fiesta con la apertura de investigación preliminar a los 86 representantes a la Cámara que votaron favorablemente la iniciativa en la madrugada del 17 de diciembre del año pasado. El temor de los congresistas a perder la investidura los alejó de participar en la conciliación y el referendo se encuentra en estado agonizante, al punto de que ya se está pensando en una Constituyente para salvar la reelección. ¿Buscaba eso la Corte? ¿Se trata de una decisión política, como lo denunció el Ministro de la Protección Social? En defensa de la acción de la Corte está el argumento de que es el resultado del trámite normal a la denuncia que contra los congresistas impuso un colega suyo. Y hasta razón tienen.
La Comisión de Acusación de la Cámara ha salido a su vez a reclamar el expediente y, de paso, amenaza investigar al Fiscal General por haber omitido enviarle el reporte de la UIAF. Curiosa la inusual presteza de la Comisión para investigar a quienes los están investigando, y no sólo por la votación del referendo, sino por delitos de alta monta. En su defensa también está el argumento de que ya tiene abierta una investigación contra los magistrados por la denuncia que presentó Luis Carlos Restrepo. Y hasta razón tienen.
Sí, razones tienen todos. Cada quien defiende su derecho legítimo a actuar, todos se escudan en el apego a la ley de sus actuaciones. Pero eso no basta ya. La confrontación es tan grande y tan exacerbado el afán de deslegitimar a quien ya ha tomado el carácter de enemigo, que se requiere apelar al buen juicio y la grandeza de nuestros líderes para que, sin comprometer su misión, sepan pensar en el país más que en sus rencillas y sus egos. Los colombianos no estamos a la espera de un ganador en esta confrontación, sino antes bien de que nuestros hombres públicos sepan tramitar sus diferencias dentro del marco institucional que entre todos y con tanto esfuerzo hemos edificado.