Después de una larga pausa vuelve el Congreso de la República con promesas de múltiples reformas esenciales. Aunque está en veremos si el presidente Iván Duque obtendrá por fin la deseada gobernabilidad que negoció con los nuevos nombramientos en su gabinete ministerial. Hay varios fantasmas rondando el trabajo de la nueva legislatura. Empezando por la crisis del Covid-19 y la manera en que el legislativo reaccionará a sus efectos sociales y económicos, también están los anuncios preocupantes como el del expresidente Álvaro Uribe de promover el desmantelamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El escándalo ocasionado por los audios del Ñeñe Hernández, que involucra al Centro Democrático, amenaza con obstaculizar las alianzas y los proyectos ambiciosos de modificaciones al Estado. ¿Seguirá el estancamiento?
Las últimas legislaturas del Congreso han sido decepcionantes. El sectarismo impulsado por el Centro Democrático en los temas del acuerdo de paz, unido a la falta de liderazgo proveniente desde la Casa de Nariño, hizo que el legislativo se desgastara en discusiones ineficientes como las objeciones a la ley estatutaria de la JEP. Con ese solo debate se saturó la agenda de los parlamentarios, se fomentaron las divisiones entre el Congreso y el Ejecutivo, se tuvieron que posponer discusiones urgentes y, al final, todo terminó en el mismo lugar: el presidente Duque tuvo que aprobar la ley estatutaria sin las modificaciones que propuso. Esa es la postal que quedó del año pasado y que resume muy bien, hasta ahora, las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno en la era Duque. Sería una lástima que regresemos a más de lo mismo.
Por eso, que el uribismo haya anunciado su insistencia en destruir la JEP —que ya está mostrando sus primeros resultados y ha avanzado mucho para aportarle a la reconciliación de Colombia— y en promover la unificación de las cortes, es angustiante. ¿Estará condenada Colombia a dar vueltas sobre los mismos debates polarizantes y que no avanzan en la construcción de instituciones más sólidas? El Congreso debería estar debatiendo cómo darle más legitimidad a la justicia transicional, no en encontrar la manera para desmantelarla.
Más allá de las esperadas discusiones sectarias —en teoría esta segunda legislatura del período 2019-2020, que durará tres meses, será reformista—, el Gobierno confía en que, ahora sí, cuenta con las mayorías necesarias para impulsar su agenda. Se ha anunciado, entonces, una reforma a la justicia, una reforma electoral, la regulación para la implementación del nuevo Sistema General de Regalías y la discusión sobre qué hacer con el régimen de las pensiones. Cada partido político ha anunciado también que impulsará sus propias iniciativas y en la oposición hay preocupación por el control político que se hará con ocasión del escándalo del Ñeñe Hernández y los problemas en la implementación del Acuerdo de Paz.
La sombra del Covid-19 no puede subestimarse. Como dijimos ayer, la crisis promete afectar a muchos colombianos que están viendo cómo desaparecen sus posibilidades de trabajo. ¿De pronto hará falta considerar un salvavidas para los más vulnerables? Eso sin hablar de los ajustes que tengan que hacerse en caso de que la pandemia empeore y ponga a prueba nuestro sistema de salud.
En medio de tiempos convulsionados, regresa una de las instituciones con más desprestigio entre los colombianos y que ha sido sinónimo de ineficiencia en el pasado. ¿Será que los parlamentarios podrán navegar mejor estos tiempos de convulsión y darle al país el liderazgo que necesita?
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