Tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional están en vísperas de tomar decisiones que involucran los derechos de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y el desarrollo del Cesar, Magdalena y La Guajira. Aunque muchas voces han insistido en que está en riesgo de paralizarse la capacidad de acción de las entidades territoriales mencionadas, ambos tribunales pueden adoptar interpretaciones que reduzcan la burocracia de la consulta previa, protejan un territorio importante para la subsistencia del país y no permitan el atropello de los derechos de las comunidades.
Ambas altas cortes están estudiando procesos relacionados con el decreto 1500 de 2018. Expedido un día antes de terminar su gobierno, en este decreto el entonces presidente Juan Manuel Santos estableció una lista de normas y cambios para lograr la protección de los indígenas de las comunidades de arhuacos, koguis, wiwas y kankuamos. Se trata de una regulación ambiciosa e importante, pues establece que el amparo de los territorios sagrados de estas comunidades debía ser sobre toda la tierra y “no únicamente en lugares aislados”. En la práctica, eso significa que no se puede adelantar proyectos en estos territorios sin consulta previa.
El problema ha sido que el decreto aumentó el número de puntos sagrados de 54 a 348. Eso quiere decir que el territorio protegido llega hasta ciudades como Riohacha (La Guajira), Santa Marta (Magdalena) y Valledupar (Cesar), y cobijó 25 municipios, tres corporaciones regionales y tres parques nacionales. Hay quienes dicen que eso significa que en estas zonas no se puede hacer ningún tipo de proyecto, desde construir un edificio hasta realizar extracciones mineras, sin consultar previamente a las comunidades, lo que paralizaría el desarrollo de la región.
Por eso, hay un proceso ante el Consejo de Estado que busca tumbar el decreto por supuestas fallas técnicas en su elaboración. Por otro lado, la Corte Constitucional está estudiando dos tutelas que interpusieron las comunidades indígenas argumentando que, a la luz del decreto, hay 132 títulos mineros otorgados desde 1992 que no cumplieron con la consulta previa.
Se trata de decisiones que pueden tener impactos monumentales. Si se escucha a las voces más radicales en los gremios empresariales y se decide limitar el alcance del decreto, se estarán ignorando los derechos de las comunidades a ser consultadas y, además, se perderá el propósito mayor de la norma que es garantizar la sostenibilidad del país.
Por supuesto, la decisión no debe ser crear una burocracia enorme que tranque cualquier proyecto en estos territorios. Pero no es eso lo que las comunidades han pedido. Como le explicó a El Espectador Jaime Arias, gobernador de la comunidad kankuama, sus enfoques “son mucho más profundos que las posiciones de quienes consideran que nos tienen que preguntar por todo, hasta si se quiere hacer el Festival Vallenato. Lo que nos preocupa es la explotación de los recursos naturales y la afectación de estos proyectos a nuestro territorio ancestral y sagrado”.
Sus voces no pueden ser ignoradas.
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