Mientras las manifestaciones de los estudiantes no parecen tener fin próximo, el Gobierno insiste en que este año no hay más recursos para la educación. Independientemente de lo que ocurra cuando la mesa de diálogos se reanude mañana, toda esta discusión es una señal inequívoca para que el Congreso y la Presidencia dejen de darle vueltas a la ley de financiamiento, den un debate alejado del populismo y el país pueda tener, finalmente, las cuentas claras sobre el presupuesto del año entrante.
El jueves pasado los estudiantes volvieron a tomarse las calles. De nuevo hubo denuncias de vandalismo, por un lado, y de agresiones y abuso de la autoridad, por el otro. Aun así, el mensaje de la abrumadora mayoría de marchantes pacíficos se ha hecho escuchar y nos parece que el debate público, por fin, se aleja de la violencia y se concentra en las demandas: ¿hay más dinero para invertir en educación?
El Gobierno dice que no. Esta semana, el presidente Iván Duque explicó que “esto no es un ejercicio de tire y afloje; esto es un ejercicio de hablar con sinceridad. Sobre la disponibilidad de recursos, ustedes, los estudiantes, vienen hablando con la ministra de Educación y le han dicho que están exigiendo $500.000 millones antes de finalizar el año, pero no los hay, no los hay”. En efecto, la mesa de negociación se levantó cuando los estudiantes denunciaron que el Ejecutivo no está dispuesto a aumentar más el presupuesto.
Al finalizar esta semana, la ministra de Educación extendió una invitación a voceros del movimiento para volverse a sentar a la mesa y ellos aceptaron. Esperamos que en esta ocasión sí pueda llegarse a un acuerdo.
Pero más allá del debate puntual sobre la educación pública, una constante preocupante que hemos visto al finalizar el año es la falta de claridad sobre los recursos de la Nación. A estas alturas de la legislatura, no es claro si el Gobierno va a poder suplir el vacío financiero que amenaza la continuidad de varios programas estatales.
La ley de financiamiento, reforma tributaria que pretende sanear esa incertidumbre, ha estado secuestrada por el escándalo que produjo la expansión del IVA de 18 % a la canasta familiar. Ha sido tal la polémica que esta semana el presidente Duque le solicitó al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, eximir del IVA los productos relacionados con la economía naranja (conciertos, libros, escenarios culturales, etc.). En otras palabras, el debate sigue abierto y el tiempo se está agotando.
Además, ¿por qué Presidencia está proponiendo ahora exenciones cuando la justificación del proyecto es, precisamente, que no hay otras maneras eficientes para tapar el hueco existente? El país necesita saber con exactitud la magnitud del problema y sus raíces para tomar las decisiones apropiadas.
El presidente dijo que “el Congreso de la República nunca le ha fallado cuando se necesita avanzar en las reformas, escuchando y dialogando así lo vamos hacer”. Aunque hay motivos para cuestionar el optimismo, compartimos el fondo del mensaje: los parlamentarios tienen que sacudirse el populismo y los radicalismos y entender que el país necesita, cuanto antes, tener las cuentas claras.
Una vez aprobada la ley de financiamiento (con las modificaciones que sean pertinentes, por supuesto), conversaciones sobre cómo y para qué no hay dinero tendrán más claridad y el país puede empezar a planear posibles soluciones para el futuro. Si persiste la incertidumbre y los líderes políticos aprovechan el caos para obtener réditos, será muy difícil entablar diálogos que le aporten a Colombia.
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