No hablamos ni siquiera de una batalla campal o de un choque real: el plano jurídico es suficiente para ejemplificar la desigualdad de esta lucha. No solo por el impresionante lobby que estas compañías tienen y ejercen sobre el derecho vigente, sino porque suena irreal que se frene el paso de una locomotora tan protegida como la minera. Pero esta semana un juez sirvió para lo que fue concebido: adjudicar un derecho de protección al más débil de la ecuación. La democracia funcionando como una máquina precisa.
De eso fuimos testigos el miércoles pasado, cuando el Tribunal Superior de Antioquia profirió una sentencia firmada con tinta histórica: más de 50.000 hectáreas tendrán que ser restituidas al resguardo embera katío del Alto Andágueda, en el Chocó. Un aplauso. Un festejo de que un instrumento tan atacado por estos días —como los fallos judiciales— sirva para demostrar la fuerza que tiene el derecho.
Tres son los elementos fundamentales de esta decisión: protege los derechos indígenas (y vaya si en su concepción del mundo la tierra es un elemento sagrado y fundamental) de una comunidad de siete mil habitantes; pone a ganar un pulso contra las empresas mineras, tan protegidas por el Estado; y restituye en grandes proporciones, siendo la mayor que se ha dado desde que la ley 1448 de 2011 existe: casi el doble de lo restituido en Colombia por obra de otras 500 sentencias.
Pero sobre todo es un resarcimiento digno: la biodiversidad y el oro de la zona hicieron que los intereses angurrientos abundaran, barriendo como basura a sus habitantes: las Farc, el ejército de revolución guevarista, el Eln, los paramilitares (toda la historia de la violencia colombiana) hicieron presencia.
Luego vino lo que el derecho nomina como delito: homicidios, masacres, desplazamientos, tortura, violaciones. Todo, básicamente. Era mucho lo que tenía que enmendarse por el paso sangriento de la guerra. Las amenazas a las tradiciones de la comunidad hicieron que sus miembros se desplazaran hacia Medellín, hacia Bogotá, hacia Chocó. Y allí el territorio fue repartido a las mineras bajo distintos títulos que concedía el Estado colombiano.
Es muy usual que en Colombia los proyectos económicos se desarrollen sobre tierra manchada con sangre. El capital privado no entiende de historia: ahí vimos a los representantes de las empresas oponiéndose al eventual fallo y diciendo que no tenían nada que ver con el conflicto armado. En este mismo espacio hemos dicho varias veces que para lograr una verdadera reconciliación es necesario sanear el territorio: dejar de hacer empresa donde antes hubo masacres para apoderarse de esas tierras.
Ya empezamos. El capítulo lo abrió un juez de la República: enmendó la historia negra que mancha a este país. Así fue como suspendió los títulos mineros y ordenó llevar programas sociales del Estado, construir puestos de salud, casas, albergues temporales y la presentación de un plan de protección de los principales líderes de las comunidades.
El camino está trazado. Falta el resto. Pero por ahora, insistimos, hay que dar un aplauso.