El Gobierno gastó el tiempo justo para terminarlas. No eran pocas: el Inpec dividido en dos secciones, una administrativa y la otra de custodia y vigilancia; una nueva autoridad para otorgar licencias ambientales, con autonomía administrativa y financiera; la creación de la Agencia de Inteligencia del Estado, en reemplazo del DAS; la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, para atender sus litigios, entre muchas otras.
Revisando el nuevo organigrama, puede hacerse un diagnóstico casi a primera vista: es una reforma coherente. Es decir, reorganiza de forma lógica casi todas las instituciones que tocó. Queda bien situado el ICBF, por ejemplo, dentro del Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, encargado éste, a su vez, de la aplicación de temas tan fundamentales como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y la superación de la pobreza extrema. Coldeportes sale del Ministerio de Cultura y se convierte en un departamento autónomo. Etesa se renueva en Coljuegos, quedando bajo la batuta del Ministerio de Hacienda, por tratarse de un tema de recaudo.
Salvo algunas excepciones que ya comentaremos, la reforma en su totalidad plantea el rediseño de un rompecabezas institucional que así queda mucho mejor organizado. Es posible que el Estado funcione mejor en la medida en que sus instituciones rindan cuenta a autoridades capacitadas para su vigilancia y con funciones específicas y exclusivas para el adelanto de políticas públicas necesarias. Ese problema está resuelto y empezó a aplicarse desde el pasado viernes.
Más allá de referirnos a cada asunto puntual, por lo pronto quisiéramos elevar las preguntas que surgen sobre la totalidad de la reforma. Para comenzar, el énfasis que algunos han querido poner en el número de puestos que pudieran crearse o perderse con esta transformación no concierne necesariamente al buen funcionamiento del Estado. Más importante, se nos antoja, es preguntar ¿cómo hará el Gobierno para que esta sea una política con vocación de permanencia y no una decisión coyuntural? Sus aciertos, en términos generales, son grandes, pero puede que con un cambio de presidente todo se vaya al piso y se planteen nuevas reformas. Los voceros del Gobierno han dicho que los temas son fundamentales para el Estado y eso garantiza su permanencia. Habrá que ver si es cierto.
También, como siempre que aparecen enunciados grandilocuentes, es lógico preguntarse ¿cómo se garantizarán la efectividad y el impacto de los procesos? Si bien la forma puede mejorar la eficiencia, es falaz pensar que el Estado suministrará mejor los beneficios a los ciudadanos por estar organizado de una forma distinta. Algunos expertos consultados nos han mencionado que uno de los grandes cambios que deben hacerse al Estado, ausente de esta gran reforma, es el de la transparencia en los recursos y los destinos de los mismos: sólo así se podría analizar, casi a modo de la relación costo/beneficio, la utilidad práctica de este ambicioso cambio institucional.
La labor que queda es grande. Ya el presidente Santos ha conseguido acomodar de forma seria al Estado. Durante los próximos tres años podrían verse los cambios en la ejecución: no sólo las leyes —que ya están—, sino sobre todo los beneficios, las políticas, las cifras vueltas realidad de una forma favorable al país. De lo contrario, la gran reforma de la administración Santos pasará como una veleta volátil al cambio. Dependiendo de la gestión futura, la experiencia podría adquirir vocación de permanencia. Que es lo deseable.