Cada vez que los pobladores de Bojayá (Chocó) piden auxilio, se escuchan los ecos de una historia que Colombia prometió no volver a repetir. Toda la semana el país estuvo en máxima alerta por la denunciada presencia de distintos actores armados ilegales que están aterrorizando a quienes viven en el sector. Bajo ninguna circunstancia podemos permitir que esto termine en una tragedia anunciada.
No es la primera vez que tenemos que hablar de Bojayá de manera reciente. Hace unos meses, Colombia 2020 de El Espectador contó cómo se vienen presentando desplazamientos masivos, así como amenazas. Los perpetradores son los mismos de siempre: una oscura mezcla de narcotraficantes, paramilitares, guerrillas y bandas criminales oportunistas. Con el agravante de que ese territorio ya fue testigo de una de las peores masacres en la historia del país.
Esta semana que termina se revivió el terror. Desde antes de que entráramos al año nuevo, los pobladores denunciaron estar sitiados por actores armados ilegales. Por fortuna, el Ejército y el Gobierno Nacional reaccionaron con velocidad e hicieron presencia. ¿Será suficiente para garantizar la seguridad futura de los pobladores?
El viernes, el Ministerio del Interior afirmó que hay calma en Pogue, corregimiento de Bojayá. “Tenemos control del área, presencia de la Policía Nacional en las cabeceras municipales y ese dispositivo que ya existía se ha incrementado con más de 100 hombres que llegarán a reforzar la zona”, dijo Daniel Palacios, ministro encargado. También explicó que “en días pasados hubo presencia de un grupo pequeño (10 a 15 personas) de una organización criminal. Estuvieron en los cascos urbanos, lo que generó miedo y zozobra por parte de la comunidad”.
Ese mismo día, sin embargo, la Procuraduría pidió “medidas urgentes” y prioritarias que aporten a eliminar el confinamiento. Además, se dio a conocer que Leyner Palacios, líder de Bojayá y quien perdió a más de 28 familiares en medio de la masacre de 2002, fue amenazado de muerte si no se marchaba de la zona.
Es esencial, entonces, que la presencia incrementada de la Fuerza Pública se mantenga. El Gobierno debe continuar priorizando la seguridad de la zona, demostrando que el Estado llegó para quedarse.
Sin importar el número de criminales que estén aterrorizando a los pobladores, es evidente que las personas están sufriendo. No es para menos, si se tiene en cuenta que con cada amenaza se invoca el eco del dolor pasado, de las heridas abiertas, de los olvidos históricos y las traiciones que han padecido.
La Colombia de 2020 no es la misma de 2002: el Estado es mucho más fuerte, la institucionalidad ha demostrado que puede sembrar esperanza y reconciliación en todo el territorio. Es momento de demostrarlo una vez más protegiendo a Bojayá y materializando la promesa de que nunca más vamos a fallarles ni a permitir que el horror se materialice.
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