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Hasta al presidente

Las interceptaciones ilegales a las comunicaciones de ciudadanos y funcionarios públicos son un exabrupto que no debería tener cabida dentro de un Estado que se precie de respetar las libertades personales y la intimidad de los miembros de la sociedad.

25 de febrero de 2014 - 08:36 p. m.
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Ya nos acostumbramos, sin embargo, a que series de ‘chuzadas’ se hagan de vez en cuando y que el escándalo sea cada vez menor, como ocurrió con el caso del remedo de restaurante que al parecer intervino hasta a los delegados plenipotenciarios de Farc y Gobierno en Cuba. Pero ya raya un poco en el ridículo (y genera preguntas de toda índole) que sea el mismo jefe de Estado el que salga a decir que sí, que a él también le ‘chuzaron’ su correo personal, el de sus familiares, sus conversaciones netamente personales.

La Corte Constitucional se ha regado en sentencias explicando que la intimidad que cobija a un funcionario público tiene una honda diferencia de nivel con la de un ciudadano corriente. Por supuesto que la de un funcionario público, más aun la de un presidente de la República, tiene límites más cortos y puede explotarse en aras de la conciencia pública que existe sobre él, porque al final de cuentas todo lo que a él lo involucra tiene efectos sobre los asuntos públicos que domina. Pero los límites no son invisibles: existen y deben respetarse. No pueden desdibujarse al punto de que cualquiera intervenga su correo personal y juzgue las conversaciones que tiene con sus hijos o con sus amigos. O sobre los cuadros que compra. O sobre la matrícula de universidad que pagará a su hija. ¿Para eso queremos los ciudadanos ver los correos del presidente? ¿Para enterarnos de chismes insulsos que nada tienen que ver con su función pública? ¿Para tener el morbo de saber sobre su vida cotidiana y rutinaria? Ciertamente no. Pertenece a su fuero de privacidad, inviolable. ¿O qué es lo grande que se descubrió con estos correos, rompiendo el derecho a la intimidad que, aunque limitado, todavía tiene? Nada relevante. No por ahora al menos.

Deplorable que los involucrados hayan cometido esta conducta. La pregunta remanente es, sin embargo, ¿por qué en las narices del Estado y al primer mandatario, nada menos? ¿Quién puede estar en capacidad de hacer esto? ¿Para qué sirven las labores de contrainteligencia de las que nos preciamos? ¿Les hacemos caso a los suspicaces y pensamos que se trata de miembros desviados de la Inteligencia Militar? Ojalá no. Esto sí que sería el golpe más bajo en la imagen de un cuerpo que se encuentra bajo sospecha no sólo por los escándalos por corrupción y la solidaridad de cuerpo frente a los procesos que algunos de ellos afrontan.

Claro que exigimos las investigaciones más exhaustivas. El mismo presidente lo ha dicho: “he solicitado las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades en este caso sin descartar ninguna hipótesis y con el propósito, por supuesto, de llegar hasta las últimas consecuencias”. Léase bien: sin descartar ninguna hipótesis. Una, por supuesto, la más poderosa, es que se trate de enemigos del Gobierno, insertos en el establecimiento mismo, que quieren llenar el proceso electoral, o el de paz, o ambos, de chismes y desvíos informativos para hacerles daño. Que no tapemos con la gran cobija de la impunidad un hecho de esta magnitud.

No nos hemos sacudido aún los escándalos que se nos han revelado estas semanas. Que no queden en eso, entonces. Acá, pasar la página no es una opción: es hora de limpiar esta cadena de malos sucesos y, desde ahí, reconstruir las cosas, esterilizarlas.

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