La designación en mayo pasado de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, como ministra de Relaciones Exteriores fue una noticia refrescante para la política exterior colombiana. La pandemia y el estilo extremadamente reservado de su predecesora habían significado un largo y a veces exasperante silencio de Colombia en los escenarios internacionales. La vicepresidenta, activa y orientada a resultados, empezó a mostrar una gran actividad en política exterior, sin dejar de lado la mayoría de las tareas que venía ejerciendo por encargo del jefe de Estado. Hasta ahí, buenas noticias.
Por razones de seguridad apenas justificadas, empero, la Presidencia de la República expidió el 27 de julio el Decreto 835, que pretende regular los viajes conjuntos del presidente y la vicepresidenta, de acuerdo con el cual, salvo excepciones, son muy pocas las ocasiones en que ambos pueden viajar y estar juntos. Esto significa que, en la práctica, la intensa agenda internacional que mantiene el jefe de Estado la debe adelantar sin la presencia de su canciller. A lo anterior se suma el Decreto 1185 del 30 de septiembre, que, en la definición de funciones del Departamento Administrativo de la Presidencia, le otorgó a la jefa de gabinete, en su artículo 15, funciones de política exterior. Con estas dos medidas legales, aparentemente inofensivas, quedó establecido el escenario para una incoherencia plena.
Hemos visto en días recientes al presidente Duque asistiendo a visitas de Estado en España, Corea, Brasil, Emiratos Árabes e Israel, entre otros muchos compromisos internacionales, sin la presencia a su lado, como debería ser, de su canciller. Este no es solo un problema protocolario, que lo es, sino que ha tenido efectos problemáticos de mucho mayor fondo.
Hechos recientes han demostrado cierta incoherencia, a la cual han contribuido además otras voces que harían bien en mantener silencio. Las declaraciones del ministro de Defensa, Diego Molano, en Israel sobre la supuesta enemistad con Irán, un país con el cual Colombia mantiene relaciones diplomáticas desde 1975, fueron corregidas (mal corregidas) y luego respaldadas por el presidente Duque. ¿Qué ha dicho al respecto la vicepresidenta y canciller? Nada, pues está ocupada atendiendo otros compromisos internacionales en Asia, por donde el presidente había pasado no hace mucho.
Como lo comentamos en este espacio, otro caso reciente fue frente a la situación en el Sahara Occidental, cuando una declaración de la vicepresidenta y canciller, salida de la nada, terminó respaldando las pretensiones de Marruecos frente a ese territorio africano, uno de los pocos casos vigentes de colonialismo en el mundo. La reacción enfadada de algunos actores internacionales, como Argelia y España, entre otros, y de sectores políticos locales cercanos a partidos políticos españoles obligó a emitir un comunicado aclaratorio, que aclaró y corrigió muy poco. Al final, todos terminaron molestos por la actitud de Colombia.
¿Quién tiene entonces la voz de nuestra política exterior? La Constitución y la ley dicen que corresponde al presidente y a quien ocupe la cartera de Relaciones Exteriores. El problema es que los arreglos institucionales que se han establecido han terminado generando políticas a veces divergentes entre la Presidencia y la Cancillería. Si a esto se suman voces discordantes y fuera de contexto, como ahora la del ministro de Defensa o antes la del anterior alto comisionado de Paz, se encuentra que son más de dos y podrían ser más. Esto hace recordar la famosa frase de Groucho Marx, que se podría parafrasear: ¿No le gusta mi política exterior? No importa, tengo varias.
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