Reconocido por su activismo, no sólo en pro de los derechos humanos sino también de las personas que conviven con VIH, Álvaro Miguel ya había sido objeto de amenazas. Incluso fue hostigado y desplazado, lo que no evitó su brutal asesinato. Y ahora nadie sabe si motivado por su activismo o por odio y prejuicio. O si quizás derivado de las dos.
Como él, otras 67 personas LGBT fueron asesinadas de 2006 a 2007, según cálculos de la ONG Colombia Diversa. De estos casos, 26 ocurrieron en el Valle del Cauca. El caso del Álvaro Miguel no es entonces un hecho aislado. La situación de la población LGBT es tan preocupante en esta zona del país —y no es la única, pero sí la más angustiante—, que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato e instó al Estado colombiano a “realizar una exhaustiva investigación y sancionar a los responsables de este asesinato”.
Es más, la CIDH dirigió su mirada frente al peligro evidente que corren los defensores de los derechos de la población LGBT. Y no le falta razón. En sus informes sobre 2006 y 2007, Colombia Diversa ya había advertido de los potenciales problemas que acarrea el hacerse visibles: ahí donde más se organizan para exigir les sean reconocidos sus derechos, la población LGBT y sus líderes corren mayores riesgos.
Con todo, las autoridades no parecen muy decididas a actuar. Pese a que la forma como fue asesinado Álvaro Rivera no está exenta de señales de torturas y tratos degradantes, las organizaciones interesadas en el tema han debido hacer explícito que es preciso que las investigaciones del caso consideren la orientación sexual de la persona y el hecho de que fuese un activista y defensor de los derechos humanos LGBT. Que se aborde, pues, la homofobia entre los móviles con que se adelantará la investigación. Nada más sensato, visto el clima de intolerancia y prejuicio en el que se enmarca el crimen. Y sin embargo, como en situaciones anteriores, cabe la inaudita posibilidad de que se insista en que este es un crimen pasional. Un asesinato que, bajo esa tesis, tiene por culpable a la víctima y que en nada debe alarmar a la sociedad caleña frente a la realidad de un contexto en el que se rechaza de manera violenta la diferencia.
Peor aún, el desconocimiento ya no de la homofobia, sino de la transfobia, es absoluto. Un total de 22 trans —también denominados travestis— en ejercicio de la prostitución han sido asesinadas, según denunció la Fundación Santamaría. Además de la impunidad, hostigamientos, atropellos y persecuciones por parte de las autoridades policivas han sido señalados en repetidas oportunidades. Restricciones, malos tratos y abusos de autoridad le impiden a esta población, aun más vulnerable que la de homosexuales, ejercer su derecho a la libre elección de la inclinación sexual. Y nuevamente nada ocurre, más allá de la existencia de mesas de diálogo interinstitucional —en las que las promesas de inclusión se quedan cortas— y el ofrecimiento de unas recompensas para quien dé información sobre el paradero de los agresores.
Aunque Colombia ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de la población LGBT, la inclusión real de la que tanto se habla en programas y agendas oficiales sigue siendo un mero discurso. En la práctica, ejercer —y proteger— la diferencia es sumamente peligroso y se puede pagar con la vida.